Por: Sofía Cisterna Manzur, Asociada en Guerrero Olivos y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibañez.
Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), creados a partir de la letra a) del artículo 17 de la Ley N° 19.175, introdujeron la posibilidad de declarar la caducidad de las autorizaciones administrativas respectivas por incumplimiento de las condiciones de localización establecidas en estos instrumentos.
Tales condiciones constituyen exigencias vinculantes para la localización de determinadas actividades productivas, infraestructuras y sistemas de tratamiento de residuos en áreas rurales, pudiendo fundarse en criterios de compatibilidad territorial, complementariedad territorial y en consideraciones asociadas al cambio climático y la gestión del riesgo. En términos prácticos, buscan orientar dónde y bajo qué requisitos pueden emplazarse ciertos proyectos que se asienten en áreas rurales, no normadas por un plan regulador.
En este marco, se les atribuye un efecto expansivo al convertir su eventual incumplimiento en una causal general de caducidad de autorizaciones, sin definir con precisión sus supuestos de aplicación ni armonizarla con los distintos regímenes sectoriales existentes. Así, cuando se observa el universo de autorizaciones afectadas (una RCA, una autorización sanitaria, entre otras), todas parecen quedar sujetas a una misma consecuencia jurídica: la pérdida de vigencia por incumplir una condición de localización definida en un PROT.
Esta equiparación, además desconoce una realidad elemental del sistema autorizatorio, que es que cada autorización responde a finalidades distintas, se otorga conforme a procedimientos específicos y posee mecanismos propios de fiscalización, modificación y terminación. De esta manera, pretender que todas ellas puedan extinguirse por una misma causa implica desconocer la lógica sectorial sobre la que se estructura nuestro sistema.
Más grave aún, esta regulación altera el equilibrio del sistema jurídico al proyectar los efectos de las condiciones de localización sobre autorizaciones sujetas a regímenes legales distintos. La vigencia de los permisos, sus causales de caducidad y los procedimientos para ponerles término han sido definidos por el legislador considerando la naturaleza y finalidad específica de cada autorización.
Por ello, el PROT se contrapone a la aplicación armónica del resto del ordenamiento jurídico, afectando directamente la estabilidad de permisos sometidos a normas especiales. Así las cosas, una herramienta concebida para orientar el desarrollo territorial puede transformarse en una fuente de incertidumbre regulatoria, debilitando precisamente aquello que busca fortalecer: la certeza jurídica necesaria para la inversión y el desarrollo.
