Por: Cristóbal Uriarte, Abogado, Asociado Principal Área Inmobiliaria y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
En los próximos meses, Chile vivirá una nueva elección presidencial. Más allá de los nombres que se perfilen, lo cierto es que quien asuma el liderazgo del país tendrá la oportunidad de enfrentar desafíos estructurales, que requieren mucha visión. Uno de sus desafíos será el fortalecimiento de la industria inmobiliaria, no sólo como motor económico, sino también, como herramienta de planificación territorial e integración social.
La industria inmobiliaria representa cerca del 7% del PIB nacional, genera miles de trabajos directos e indirectos, y es clave para la inversión privada. Sin embargo, enfrenta una serie de obstáculos que han ido debilitando su dinamismo y aumentando la incertidumbre. El próximo Presidente, tendrá la oportunidad de revertir esta tendencia y sentar las bases para una industria más moderna y eficiente.
Hoy, el desarrollo inmobiliario se ve afectado por una permisología excesiva, que puede demorar años en concretar un proyecto. A ello se suma la falta de coordinación entre comunas en la planificación urbana, generando una ciudad fragmentada y sin visión unitaria. La ausencia de regulación clara en materias como arriendos temporales, plataformas digitales o nuevas figuras de financiamiento agrava la incertidumbre jurídica. Y, por último, el sistema notarial y registral sigue operando bajo lógicas del pasado.
Entonces, algunas propuestas urgentes: Reforma a la permisología, para continuar con el avance de los proyectos de ley que buscan disminuir los plazos de tramitación de permisos, estableciendo trazabilidad, tiempos definidos y ventanilla única digital. La inversión necesita reglas claras y tiempos razonables.
También, la planificación urbana integrada, para fortalecer el rol de las gobernaciones regionales y coordinar los planes reguladores comunales, evitando que cada municipio actúe como un “reino independiente”. Así, como algunas propuestas que sin ser urgentes podrían aportar, es la modernización del sistema notarial y registral que incorpora la verificación biométrica, interoperabilidad entre instituciones, firma electrónica avanzada y protocolos de ciberseguridad robustos.
Otras propuestas puede ser el marco legal para instrumentos de financiamiento de la tercera edad, que busquen crear una ley que regule la hipoteca inversa y la venta de la nuda propiedad, para que por fin, se utilice este tipo de productos financieros en el país; y el fomento a la inversión inmobiliaria responsable, para establecer incentivos tributarios que contemplen proyectos que promuevan la integración social, la eficiencia energética y la regeneración urbana.
La industria inmobiliaria no puede seguir siendo vista solo como un negocio. Es una herramienta de política pública, de ordenamiento territorial, de acceso a la vivienda y de desarrollo económico. El próximo presidente tiene la oportunidad de liderar una transformación que permita que esta industria vuelva a ser sinónimo de certeza y bienestar. Es tiempo de mirar el desarrollo inmobiliario con visión de país. Y para ello, se requiere liderazgo y voluntad política.
