Por: Cristóbal Uriarte, Abogado y Director Área Inmobiliaria y Gestión de Tierras, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
La cuenta pública del Presidente Kast tuvo varias señales para la industria inmobiliaria, que se suman a los proyectos y anuncios que conocíamos. Más allá de la comparación entre “país de arrendatarios” y “país de propietarios”, hay medidas concretas que son bien interesantes y que vale la pena destacar.
El diagnóstico de fondo es claro y objetivo: las cerca de 500.000 familias sin hogar y 120.000 en campamentos, son el resultado acumulado de décadas de planificación tardía, burocracia excesiva y una oferta que no ha podido seguir el ritmo de la demanda y de la inmigración.
La falta de viviendas para la clase media también es un hecho y algunas de las medidas apuntan justamente a eso. Que el gobierno, desde su inicio, haya puesto la permisología en el centro es un avance, ya que los trámites explican dos tercios del tiempo de espera que resulta en familias esperando hasta once años por su casa.
En ese sentido, la implementación del banco de suelos con diez millones de metros cuadrados de terrenos fiscales, es quizás, la medida más relevante. Si se gestiona con criterio urbanístico y no solo como un traspaso de activos entre ministerios, puede generar oferta real en comunas donde hoy construir es inviable por el costo de los terrenos.
En esa misma línea, el anunciado programa “Eriazo Cero”, apunta a un problema que cualquiera que recorra nuestras ciudades reconoce: sitios abandonados que degradan el entorno y representan suelo urbano desaprovechado. Convertirlos en espacios comunitarios no requiere grandes inversiones, requiere coordinación y voluntad municipal. El éxito de ambas iniciativas dependerá de los plazos, la habilitación normativa y los instrumentos de planificación que deberán actualizarse para que esos terrenos lleguen a ser útiles.
Asimismo, la apertura de programas para viviendas de hasta 4.000 UF también va en la dirección correcta, como lo ha sido el FOGAES. La clase media ha sido históricamente el segmento con menos acceso a subsidios y créditos, quedando atrapada entre quienes califican para los programas sociales y quienes pueden financiarse solos. Si estos instrumentos se diseñan bien y se coordinan con una oferta real, pueden mover una demanda que lleva años paralizada.
Lo que no puede faltar en ninguna de estas iniciativas es una mirada integrada. Chile debe planificar su política habitacional con planificación territorial, permisos ágiles y proyectos bien ubicados. Las medidas anunciadas van en la dirección correcta y su éxito dependerá de que el Estado logre coordinarse correctamente entre sus distintas autoridades.
