Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios Cohlers + Partners
Con especial temor leí el artículo publicado en el diario La Tercera el pasado 25 de junio, donde trataba los posibles efectos del proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario impulsado por este Gobierno y que pretende modificar la Ley de IVA, estableciendo plazos más cortos para la devolución de ese impuesto a los inversionistas en inmuebles para arriendo.
Según la ACAFI, esto implicaría que se dejaría de construir más de 1.600 edificios multifamily de renta residencial, una menor recaudación a largo plazo por el menor número de edificios levantados y el consecuente aumento del déficit de viviendas, en unas 500.000 menos (equivalente al 25% del déficit habitacional de Chile).
Así también, la afectación mermaría la inversión futura en la construcción de edificios para arriendo, la caída de un 21% en la rentabilidad de la inversión para los fondos de inversión que ya están operando edificios multifamily y la peligrosa situación financiera de los fondos de inversión, que ya están operativos (dado que operaría con efecto retroactivo afectando a 168 edificios multifamily en operaciones en el país).
Pero eso no es todo y como si lo dicho no fuese suficiente, se estima también que como principal consecuencia de esta propuesta legal, sería el daño grave al ya deteriorado mercado de arriendo de departamentos en donde las tasas hipotecarias están cada vez más caras, con barreras de acceso cada vez más altos y cada vez es más difícil obtener permisos de construcción y de recepción, afectando con ello, la oferta de viviendas y aumentando los precios de los arriendos sobre los ya existentes. Nuevamente, pagarían “justos por pecadores”.
¿No nos damos cuenta acaso, que este proyecto de ley representa un nuevo problema significativo para el sector inmobiliario, de la construcción y financiero?, pues impactaría no sólo a los inversionistas y desarrolladores, sino también, a la oferta de viviendas en un mercado lo suficientemente golpeado por una pandemia, por una crisis social, intentos constitucionales fallidos, así como por crisis internacionales y con un considerable déficit habitacional vigente.
La verdad es que trato de encontrar las razones de esta cruzada “sistémica” en contra del sector inmobiliario, pero creo que es esencial que el Legislativo corrija esta propuesta y mitigue sus efectos negativos, para llegar a soluciones o alternativas que permitan mantener el equilibrio entre el crecimiento del sector y la necesaria recaudación fiscal, promoviendo de esta forma, el desarrollo económico y social del país, sin destruir y estigmatizar la inversión privada.
