Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS + Partners
Con fecha 27 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.639, que modifica normas para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización. No niego la importancia de esta norma ni su intención, pero claramente, no pueden pasar desapercibidos sus efectos.
Esta ley señala que la infraestructura hídrica comprende, entre otras, las obras, instalaciones y plantas de desalinización de aguas, embalses y otros tipos de infraestructura, cuya finalidad sea la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua para ser destinada al consumo humano, al saneamiento o al riego. Muy loable.
Adicionalmente, faculta al Ministerio de Obras Públicas para el estudio, diseño, construcción, ejecución, reparación, modificación, ampliación, conservación y operación de obras, instalaciones y plantas de desalinización de aguas y embalses, así como de otros tipos de infraestructura hídrica que tengan por finalidad la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua.
Hasta ahora, todo parece bien. El punto es determinar si acaso vale la pena, es necesario o es función propia de un ministerio (o del Estado), el cual crea políticas o implementa la acción administrativa del Gobierno, dedicarse ahora, a la construcción, reparación y operación de plantas desaladoras o embalses.
¿No es acaso aquello una actividad propia de los particulares? No soy un “privatista” al 100%, pero es imposible hoy por hoy y en Chile, tratar de señalar que el Fisco es mejor y más eficiente constructor y operador de proyectos que los particulares.
Entiendo que el Estado, a través del ministerio del ramo, dicte las políticas, normativas y, en suma, fiscalice, controle y eventualmente sancione, el incumplimiento de aquello. Pero de ahí a ponerse a construir y operar este tipo de proyectos, creo que escapa un poco al rol natural del Estado, incluso subsidiario. O al menos así lo creía.
La solución más clara, ante una deficiencia del mercado, corresponde a analizar sus causas y efectos. Si no hay suficientes proyectos de desaladoras en Chile (o al menos, no la cantidad que se necesita), cabe preguntarse por qué la negativa de esto.
Las pistas, pueden ser: ¿Acaso no será por la cantidad exorbitante de permisos previos para aprobar un proyecto?; ¿no será por la gran cantidad de años que lleva aprobar dichos permisos antes de iniciar la fase de construcción?; ¿no será por la descoordinación entre los diversos actores estatales o por la incipiente o inexistente claridad jurídica y normativa, sobre el tipo de derechos que otorga al dueño de dicha actividad?.
Quizás sea mejor, más eficiente y económico que el Estado genere políticas y normas claras tendientes a incentivar adecuadamente que los particulares desarrollen estos proyectos. Ellos tienen la experiencia, el conocimiento, la estructura y los fondos necesarios para ello. Como dice el viejo dicho: “Pastelero a tus pasteles”
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