Por: Pabla Ortúzar, presidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI).
Chile necesita construir más viviendas, pero también necesita construirlas mejor. Ese consenso parece cada vez más amplio: requerimos mayor productividad, mejores plazos, más certeza, menos residuos, mejor calidad y soluciones capaces de responder al déficit habitacional con escala. Sin embargo, hay una pregunta que aún no hemos abordado con suficiente profundidad: ¿están nuestros incentivos alineados con ese objetivo?
Hoy la construcción industrializada enfrenta una paradoja. Mientras más valor incorpora una solución desde la fábrica —diseño, ingeniería, fabricación, control de calidad, trazabilidad, logística y montaje—, más se parece tributariamente a la compra de un producto o servicio completo. En cambio, la construcción tradicional opera bajo una lógica más fragmentada, donde materiales, partidas y procesos se integran progresivamente en la obra.
Esa diferencia no es menor. Puede terminar generando una barrera de entrada para soluciones que justamente buscan modernizar el sector. Si el sistema tributario no reconoce adecuadamente el valor integral de la industrialización, el resultado es que una alternativa más productiva, más controlada y con mayores beneficios sistémicos aparece como más cara en la comparación inicial.
El problema es que seguimos evaluando muchas decisiones solo por costo directo. Pero industrializar no consiste simplemente en comprar un módulo, un panel o una vivienda prefabricada. Consiste en trasladar parte importante del proceso constructivo a un ambiente controlado, con estándares verificables, menos improvisación, menor exposición climática, reducción de errores y mayor certeza en los plazos.
Por eso, la discusión tributaria no debe entenderse como un beneficio para una industria en particular, sino como una conversación sobre política pública. Si Chile quiere aumentar la productividad, acelerar la vivienda, reducir residuos y elevar los estándares de calidad, los incentivos fiscales deben empujar en esa dirección y no transformarse en un castigo involuntario a quienes innovan.
No se trata de eliminar exigencias ni de crear privilegios. Se trata de revisar si las reglas actuales permiten comparar justamente una obra tradicional con una solución industrializada. Porque cuando una tecnología incorpora de manera anticipada procesos que antes se resolvían en terreno, también incorpora costos que el sistema debe saber leer.
La industrialización puede aportar mucho al país, pero para escalar requiere condiciones habilitantes: normativa clara, mandantes preparados, financiamiento adecuado y también una estructura tributaria coherente con los objetivos de productividad y sostenibilidad que el propio país declara.
Construir mejor depende de que las reglas acompañen el cambio. Si queremos una construcción más moderna, eficiente y sustentable, debemos asegurarnos de que innovar no sea tributariamente más difícil que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
