Por: Uwe Rohwedder, Director Arquitectura U. Central y miembro del CPI.
Hace algunas semanas se aprobó la ley que consagra el acceso a internet como un “servicio público” de telecomunicaciones, tras una larga tramitación en el Congreso. En la práctica, la provisión de internet será fiscalizada de la misma forma que la telefonía móvil y se implementarán herramientas con el fin de acortar la brecha digital.
La conectividad a través internet es una de las formas más importantes para el acceso a información y educación en Chile, así como en el mundo. De hecho, luego de la pandemia cambió la forma de trabajar, pues internet permitió laborar desde el hogar, facilitando los procesos. Por eso, la sociedad ya siente que tiene el derecho a estar conectada.
La nueva ley establece que las compañías de telecomunicaciones ya no podrán argumentar problemas de factibilidad técnica, para no instalar el servicio en diversas zonas, lo que indudablemente es un desafío enorme debido a la accidentada geografía de nuestro país.
Hoy, los edificios y conjuntos habitacionales ya poseen instalaciones básicas para conectarse -sea por un cable o fibra óptica-, algo tan importante como disponer de electricidad o suministro de agua.
Pero debemos mirar que el mundo avanza en el concepto “ciudades inteligentes” , el que se ha masificado a nivel internacional. Los principales rasgos de estas urbes tienen que ver con el acceso a internet, lo que permite que las ciudades posean una infraestructura tecnológica avanzada; gestión eficiente de los recursos; sistemas de seguridad y televigilancia y plataformas de respuesta a emergencias más rápidas, lo que mejora la calidad de vida de las personas.
La conectividad digital es fundamental también para la construcción de comunicaciones eficientes, pensando en que los desastres aumentan debido al impacto del cambio climático.
En esa línea, la implementación de esta ley tendrá costos tanto para el sector público como el privado. Algunos de los proyectos fundamentales en miras a mejorar la cobertura es contar con data centers, redes de fibra óptica de alta velocidad y estaciones de telecomunicaciones, entre otras iniciativas.
Es importante que esta norma vaya aparejada, además, de fiscalización, sanciones y multas en caso de que las compañías de telecomunicaciones no cumplan. Al mismo tiempo, se deben evaluar ayudas a las familias para costear planes de internet para sus hogares.
