Por: Cristóbal Uriarte, Abogado Asociado Principal Área Inmobiliaria Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
El mercado inmobiliario, sustentado en la confianza y la certeza jurídica, se ve periódicamente remecido por eventos que ponen en tela de juicio sus cimientos. El reciente caso de la estafa de un terreno en Zapallar, donde la eventual suplantación de identidad y la falsificación de documentos permitieron la transferencia fraudulenta de una propiedad, ha encendido nuevamente las alarmas. Más allá del caso específico, este incidente nos obliga a una reflexión profunda: ¿es momento de perfeccionar o incluso cambiar radicalmente el sistema notarial y registral de Chile?
Nuestro sistema, basado en el principio de la fe pública notarial y en el registro de la propiedad en los Conservadores de Bienes Raíces (CBRs), ha sido siempre pilar de seguridad jurídica. Los notarios dan fe de la identidad y la voluntad de las partes en los actos y contratos, y los CBRs garantizan la publicidad y la historia de dominio de los inmuebles, otorgando certezas sobre la propiedad y las cargas que la afectan.
La principal debilidad revelada radica en los mecanismos de verificación de identidad, el proceso actual de cotejo de identidades, basado mayormente en la cédula de identidad física parece no ser suficiente ante la falsificación avanzada y la suplantación. La facilidad con la que, presuntamente se adulteraron documentos y se suplantaron firmas para una transferencia de esta envergadura, genera una profunda preocupación sobre la seguridad de las transacciones más fundamentales.
Es evidente que se requiere una modernización urgente y profunda del sistema, incluyendo entre otros aspectos, la verificación de identidad biométricos y digitales, donde se integre sistemas de autenticación de identidad en línea con bases de datos del Registro Civil; interoperabilidad y conectividad, para mejorar la comunicación y el cruce de información entre notarías, Conservadores de Bienes Raíces y otros organismos públicos relevantes.
Igualmente se debería modernizar en cuánto a la digitalización robusta y segura, acompañada de protocolos de seguridad cibernética de primer nivel y de firmas electrónicas avanzadas, que aseguren la integridad de los documentos y la inmutabilidad de los registros; y por supuesto, contar con una mayor responsabilidad y fiscalización, con el fin de revisar los mecanismos de fiscalización sobre notarios y conservadores, asegurando que los protocolos de seguridad se apliquen rigurosamente y que existan consecuencias claras ante negligencias notariales que faciliten fraudes.
El perfeccionamiento de nuestro sistema notarial y registral no es un mero tecnicismo, es una necesidad imperante para proteger la inversión, la propiedad y la certeza jurídica que sustenta todo el mercado inmobiliario. El caso Zapallar no debe ser visto como un hecho aislado, sino como una llamada de atención para construir un sistema más robusto, adaptado a los desafíos del siglo XXI y blindado contra quienes buscan alterar sus bases de confianza. Es tiempo de actuar con visión y celeridad para asegurar que la propiedad en Chile siga siendo un valor seguro.
