Por: Marco Subercaseaux, docente del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados de la Universidad Andrés Bello.
Mientras los programas presidenciales discuten subsidios, impuestos o flexibilidad laboral, Chile olvida que la inversión en vivienda social y barrios no solo responde a un déficit histórico, sino que es el motor de empleo más probado y con mayor retorno social.
En cada ciclo electoral reaparece la promesa de “más empleo”, y a veces se mide en cifras redondas, como en un millón de puestos o cientos de miles en pocos años, pero otras se plantea en subsidios focalizados o reformas de capacitación.
Sin embargo, el debate suele quedarse en la tasa de crecimiento proyectada, en los impuestos que se bajan o en los incentivos que se multiplican. Rara vez se mira hacia donde históricamente Chile ha encontrado un motor laboral real y probado: la inversión en vivienda e infraestructura barrial.
El país vive un momento inquietante, donde los despidos por “necesidad de la empresa” se dispararon en junio en un 20%, la mayor alza en 16 meses, y la última encuesta del INE mostró que en un año completo prácticamente no hubo creación de nuevos empleos. De hecho, apenas se generaron 141 trabajos netos.
No se trata de un desajuste coyuntural, sino de un síntoma más profundo: el mercado laboral se ha vuelto frágil, incapaz de absorber con dignidad a jóvenes, mujeres y trabajadores con trayectorias interrumpidas. En este escenario, pensar en estrategias de empleo no es solo un ejercicio técnico, es una urgencia política y social.
Distintos programas presidenciales insisten en los caminos clásicos: rebajas de impuestos para estimular la inversión privada; subsidios directos a la contratación de mujeres o jóvenes; planes de flexibilización laboral que promueven contratos por hora y teletrabajo; subsidios al ingreso; agencias nacionales de empleo, y/o; reorganización del sistema de capacitación.
Todas son discusiones necesarias, pero dejan un vacío central: ¿qué ocurre con la política habitacional como estrategia de empleo? Cada vez que Chile ha enfrentado una crisis, la construcción de viviendas sociales, los planes de pavimentación y la mejora de barrios, han operado como amortiguadores. Tras el terremoto de 2010, la reconstrucción levantó miles de empleos directos e indirectos.
Durante la pandemia, la aceleración de programas habitacionales fue uno de los pocos respiros para el empleo formal. No se trata solo de trabajo en faenas: alrededor de la vivienda se activa un ecosistema que incluye transporte, proveedores de materiales, servicios de ingeniería, comercio local y cadenas logísticas completas.
En términos económicos, la inversión en vivienda es contracíclica. Cuando la economía se desacelera, el Estado puede sostener la actividad a través de obras que tienen un efecto multiplicador inmediato. No es gasto asistencial, es política productiva. De hecho, organismos internacionales suelen recomendar este tipo de inversión en contextos de bajo crecimiento porque combina tres virtudes: genera empleo rápido, responde a una necesidad social básica y tiene retornos urbanos y fiscales a largo plazo.
En Chile, sin embargo, la política habitacional ha sido tratada principalmente como un subsidio social más que como una palanca de desarrollo económico. Se habla de déficit de 600 mil viviendas, de la urgencia de acelerar permisos y de enfrentar las tomas y megatomas. Pero rara vez se pone sobre la mesa que, si se abordara esa brecha con decisión estratégica, no solo se resolvería un drama social, también se activaría una de las fuentes de empleo más potentes que el país puede tener en los próximos años.
El contraste con los programas en competencia es evidente. Unos ponen la esperanza en el dinamismo de la inversión privada tras una rebaja de impuestos y menos burocracia. Otros insisten en subsidios al empleo y reorganización institucional para mejorar la intermediación laboral. También están quienes plantean mayor flexibilidad en la contratación, con indemnización a todo evento y jornadas adaptables. Todas son propuestas discutibles, pero ninguna convierte a la vivienda y al desarrollo barrial en el núcleo de la política de empleo.
La pregunta es simple: ¿no será que en el afán de proyectar cifras rimbombantes o de exhibir modernización laboral se está olvidando la salida más concreta, masiva y con rédito social evidente? Es cierto, los subsidios al trabajo ayudan a segmentos específicos; la capacitación es fundamental para adaptarse a la digitalización; la inversión privada es insustituible. Pero el Estado tiene la capacidad y la obligación de orientar su gasto hacia aquello que simultáneamente mejora la vida cotidiana y mueve la economía.
No se trata de contraponer inversión privada y pública, sino de reconocer que hay bienes sociales que también son palancas económicas. La vivienda es uno de ellos. Es hora de dejar de pensarla solo como un techo y asumirla como infraestructura social capaz de transformar comunidades y dinamizar el empleo.
¿Seguiremos discutiendo de trabajo en abstracto, entre subsidios, impuestos y flexibilidad, o nos atreveremos a mirar hacia los barrios, donde la pala, el cemento y el trabajo comunitario pueden abrir un nuevo ciclo de empleo digno? El verdadero millón de empleos no está en la retórica de campaña, sino en el suelo de nuestras ciudades.
