Por Dubrazka Jara, gerente de Operaciones de Adactiva
A diferencia de otros países, Chile carece de una regulación que fije estándares y exigencias para los despidos masivos de personal, algo que cobra especial relevancia en escenarios de crisis, como el que enfrenta hoy el mundo inmobiliario.
Un grupo de senadores presentó un proyecto que busca proteger a los trabajadores cuando las desvinculaciones afecten al 10% o más del total de la nómina de la empresa y, en general, cuando haya más de mil personas en esta situación.
El impacto que tendrá la ley tanto en la industria inmobiliaria como en otras, que cuentan con un número importante de trabajadores dependerá de factores como el tamaño de la empresa, su sector económico, situación financiera y capacidad de adaptación al cambio. Pero, lo que se busca con esta iniciativa es proteger los derechos de las personas, garantizándoles una transición justa y una posible reinserción.
Por eso, es conveniente comenzar a prepararse desde ya, considerando que el proyecto de ley considera el deber del empleador de iniciar un proceso de consulta previo a la implementación de los despidos, así como el deber de comunicar el inicio del proceso a la Dirección del Trabajo.
Asimismo, la propuesta legislativa establece que los despidos no podrán verificarse hasta que haya concluido el proceso de consulta de 45 días hábiles, prorrogables por otros 45 días hábiles adicionales por la Dirección del Trabajo. Junto con la consulta, los empleadores deberán ofrecer las herramientas necesarias para la reconversión y reinserción laboral de las personas afectadas por el proceso de despidos masivos.
¿Qué significarán estos cambios para la industria inmobiliaria? Mientras algunos ven detrás de esta moción el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, puede que otros la vean como algo contraproducente para la reactivación económica y la creación de empleos.
De todos modos, es recomendable que las empresas medianas y grandes -que serían las realmente afectadas por los cambios en la normativa- se adelanten a la ley, evaluando sus procedimientos y manteniendo sus finanzas ordenadas. Así, evitarán un despido masivo de trabajadores que suele ser la última de las medidas que toma una empresa en un escenario difícil.
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