La crisis inmobiliaria fue provocada por una combinación de factores económicos, financieros y políticos, que tenemos muy desarrollados a estas alturas, por lo que buscar culpables quizás ya no suma a encontrar respuestas, pero seguir analizar el fenómeno y su impacto, puede llevar a que quiénes siguen haciendo oídos sordos, logren escucharnos.

Así las cosas, la especulación excesiva provocó inflación de los precios de los activos, creando burbujas que nos estallaron y que nos siguen estallando en la cara. Nada nuevo bajo el sol. Por su parte, las políticas de tasas de interés bajas lograron en alguna medida fomentar el endeudamiento y la inversión en bienes raíces, pero evidentemente, no fueron suficientes.

Suma y sigue, y volvemos a lo que hemos destacado en todos los llamados de atención, la falta de controles adecuados sobre las prácticas crediticias y los préstamos hipotecarios, que han contribuido a la inestabilidad del mercado. Esto, sumado a la creciente desigualdad, ha forzado y empujado a más personas a arrendar, mientras que los inversores institucionales y personas con capital acceden a propiedades en un entorno de precios descendentes.

Fue la pandemia y el crecimiento descontrolado de inmigrantes, lo que sin lugar a duda, aceleró la crisis, provocando cambios en la demanda y a la necesidad de reevaluar ciertos mercados inmobiliarios, así como aceleró la concentración en áreas específicas.

¿Las consecuencias? Las seguimos palpando: con el aumento de precios de alquiler; la disminución de la diversidad de propiedades; la reacciones sociopolíticas; la inestabilidad económica; y el impacto en las comunidades locales y a nivel país. Hoy, con el claro acaparamiento de grandes inmobiliarias en el mercado, comienza otra ronda de consecuencias irreversibles.

Sin la competencia de pequeñas empresas, las grandes inmobiliarias pueden controlar la oferta y la demanda, incrementando los precios de las propiedades; desplazando a residentes de bajos y medianos ingresos, generando la gentrificación en barrios tradicionales; estandarización de proyectos, así como impacto en los negocios locales y en la economía barrial; y no menor, afectación medio ambiental a mediano y largo plazo, como lo es la pérdida de espacios verdes, la alteración del ecosistema local, un aumento de la contaminación y falta de desarrollo urbano.

En definitiva, la crisis inmobiliaria y la consecuente concentración del mercado plantean retos y complejidades significativas. Es esencial que el Gobierno y las instituciones financieras, aborden las causas subyacentes y propongan soluciones para garantizar un acceso equitativo a la vivienda y una mayor estabilidad en el mercado inmobiliario.