La salud está enferma. A los reclamos por las alzas de los precios de los planes de salud privada y la posibilidad de un quiebre inminente en el sistema; se le suma el paro nacional de funcionarios por los despidos de 6.300 trabajadores que fueron contratados para el período de emergencia sanitaria; y ahora, la deuda por más de U$130 millones a constructoras vinculadas a la edificación de hospitales, remata la cartera.
Si bien es un eje fundamental en todos los gobiernos, hay muchos fallos en la gestión que hoy por hoy, hacen que transversalmente no pueda ser mejorada. Entre estas, las noticias de que los avances y las edificaciones de diferentes hospitales públicos en Chile no se puedan continuar construyendo, producto de la demora en el cumplimiento de contratos por parte del Minsal con empresas constructoras.
En concreto son 9 hospitales en Provincia Cordillera, Ancud, Las Higueras, Queilén, Reposición Complejo Dr. Sótero del Río, Regional de Ñuble, Linares, Marga Marga y Melipilla. Todos estos establecimientos no sólo aportarían en infraestructura, sino además, en la creación de empleos para sus comunas.
Ya anunciábamos en otra columna sobre el complejo panorama respectivo a las deudas del Gobierno, en relación sobre todo, con su agenda de probidad y transparencia que ha estado bien acontecida en cuánto al mal uso de entrega de recursos públicos, por varias irregularidades detectados este año, por lo que establecíamos la interrogante sobre ¿qué se hace cuándo es el Estado el mal pagador?
Pues si bien, el Gobierno se exculpa con argumentos como el alza en el valor de los materiales para la construcción, o la demora en el pago de compensaciones y los casos con hallazgos arqueológicos y/u otros con problemas en los permisos de edificación, como las causas por las cuales se ha dificultado cumplir con los pagos y los plazos.
Sin embargo, la situación de déficit producto del cese de pago, suma y sigue, ya que la quiebra de grandes firmas del rubro evidenció lo golpeado del sector precisamente por el alza de costos, la escasez de sus materias primas y una economía compleja a nivel local y mundial, que tras el estallido social y la pandemia, siguió viéndose afectado por la baja en la demanda y el complejo acceso a crédito, con poco espaldarazo institucional.
Así, entre los coletazos más recientes se encuentra la imposibilidad de continuar nuevos hospitales, lo que incrementa aún más las dificultades que en sí mismo tienen las inversiones en infraestructura en salud, las que si bien, son de gran importancia para las autoridades sectoriales porque implica mejorar y renovar la capacidad asistencial, además de asegurar el acceso oportuno de la comuna a la atención, se traduce en metas difíciles de concretar.
Es una crisis importante, ya que Chile es un país que está hace años al debe en materia de infraestructura de salud, estando muy por debajo del promedio de los países integrados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuánto a las camas por cada mil habitantes. Existe un claro déficit en infraestructura sanitaria, donde la modalidades de concesiones y licitación pública, claramente no están dando los resultados esperados.
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