En un país como Chile, que enfrenta desafíos gigantes como es la rápida urbanización, el cambio climático y la conservación del patrimonio, los planes reguladores son esenciales para garantizar un desarrollo urbano sustentable, sostenible y equitativo. Asimismo, estos planes son clave para prevenir problemas como la expansión urbana desordenada, la congestión vial, la falta de servicios básicos y la degradación del medio ambiente.
Pero ¿son estos Planes Reguladores un garante de la calidad de vida para sus habitantes? En resumen, dichos instrumentos, son herramientas fundamentales para construir ciudades y se abordan dentro de las políticas públicas que velan por la noción de territorio, relacionada con los procesos de toma de decisiones que afectan el diseño o actualización de los Planes Reguladores Comunales, pero paradójicamente, son un área bastante desconocida para la ciudadanía.
Así, en este espacio decisional concurren con diferentes influencias el poder político, la acción de grupos de interés, el liderazgo comunitario y los intentos por desarrollar y ejecutar metodologías participativas que incluyan a los vecinos, empero, los procesos son poco disponibilizados para el conocimiento de la opinión pública y la ciudadanía, por lo que no se garantiza una adecuada ponderación de los intereses reales de los territorios.
Tampoco encontramos en el proceso de estos instrumentos un control suficiente sobre grupos influyentes que predominan, entre estos, un claro ejemplo son los de intereses políticos que han levantado proyectos que se han visto interrumpidos posteriormente con otra administración. Por lo mismo, resulta clave el aprendizaje histórico que da cuenta de la importancia de incorporar equipos multidisciplinarios, para la negociación, actuación o relación, que surgen en la discusión o diseño de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Necesitamos que estos instrumentos de carácter técnico cumplan con su objetivo sin transformarse en meros instrumentos de carácter político, a pesar de que se debe reconocer que el PRC siempre responderá a intereses y orientaciones. Por lo que es fundamental aprender que asumir los conflictos locales, ayuda a aunar la agenda urbana organizacional y las instituciones para enfrentar nuevos proyectos con menores entornos de incertidumbre, en materia de gestión del territorio.
Sumado a lo anterior, no es menor que los PRC sean instrumentos antiguos en muchas de nuestras ciudades. Esto conlleva evidentes problemas para las la autoridades políticas local de cara a la gestión de los territorios, por lo que sin duda, se deberían replantear.
Finalmente, el gobierno local debe estar disponible para aprender y reaprender, las veces que sea necesario, de los procesos político-técnicos, para ser capaces de aumentar su eficiencia y generar nuevas recopilaciones que enfrenten con mayor éxito y rapidez, las variadas complejidades territoriales. Por ejemplo: no es posible que un PRC tenga más de 20 años de vigencia, ya que las ciudades cambian muchísimo, tanto en su geografía, ecosistema, como en las características de sus habitantes.
Así, se vuelve algo incomprensible que dadas las amplias posibilidades tecnológicas de hoy en día, aún no se logre acelerar los procesos locales para establecer dinámicas territoriales más efectivas.
