Los últimos antecedentes dan cuenta de la indagación de la Contraloría y el Ministerio de Justicia. En los registros, aparecen solamente 4 de al menos 22 traspasos de dineros a la Fundación en distintas regiones del país.
Por: Renato Herrera Lagos
Recientemente se conoció una Sentencia Judicial que ordena el desalojo del campamento 18 de octubre en la comuna de Villa Alemana. Determinación que sigue empañando la labor de la Fundación por convenios entre ellos y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y la Fundación.
Tras información publicada por Evolutiva Medios, se obtuvo acceso a la sentencia de desalojo del mencionado campamento, el cual fue intervenido por la Fundación Enred. Junto a ello, el medio mencionado obtuvo antecedentes de un convenio de transferencia de recursos entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Enred.
En el documento emanado por el tribunal, se mencionan los inmuebles de propiedad de la parte recurrente que se ven afectados por la ocupación en el campamento.
El primero de ellos, ubicado en la Población Arturo Prat de Villa Alemana, en la esquina de la Avenida Primera con la calle Tortosa, terreno que abarca una superficie cercana 2.200 m2, y que por estos días permanece cerrado con madera, láminas y alambres de púas. El segundo inmueble corresponde al lote denominado A-B, localizado en la Población Prat, con una extensión de alrededor de 8.560 m2, también ocupado de manera ilegal por los habitantes del campamento.
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Cabe señalar que el campamento 18 de octubre fue tomado de manera ilegal en enero del 2020, sin embargo, durante octubre 2022 la Seremi de Vivienda y Urbanismo en conjunto a Fundación Enred, acordaron un convenio de transferencia cercano a $7.500.000 para realizar un diagnóstico del campamento.
Junto a eso, el portal de noticias constató que Fundación Enred no está registrada en el registro de colaboradores del estado y su junta directiva, está conformada por familiares de Carolina Pérez.
Tras información entrega por ex Ante, la Fundación Enred se ha visto envuelta en otros traspasos de recursos que indaga la propia Contraloría y el Ministerio de Justicia, ya que, se informa que el los registros de transferencia de la cartera de Gobierno solamente aparecerán 4 de los 22 traspasos que se han entregado en distintas regiones.
Desmenuzando los antecedentes, en el caso de la Región de Atacama, la seremi Rocío Díaz autorizó cerca de 3 convenios por $340 millones, cifra que sobrepasa las 5 mil UTM que la Contraloría permite para no tomar razón.
La Fundación EnRed Social existe desde 2020 y su director Aldo Bastidas fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda hasta febrero de 2022, un mes antes de que Boric llegara a La Moneda.
El trabajo con campamentos se registra el 21 de noviembre de 2022, cuando la seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Belén Paredes Canales, autorizó tres traspasos por un total de $508.750.000, los que serían destinados para trabajos de diagnósticos de campamentos en las comunas de Cartagena, Quilpué, Villa Alemana, Quintero, Valparaíso y Viña del Mar.
Consultados por Ex-Ante, el Minvu contestó que el pasado 3 de agosto la Seremi de Valparaíso le notificó a la Fundación EnRed el “inicio del procedimiento de término anticipado y solicitud de devolución de recursos restantes de los convenios” por “eventual incumplimiento en la entrega de productos de la etapa I y en el inicio de las etapas II y III en los plazos establecidos, así como en la entrega de rendiciones y del informe de avance semestral”.
Añadió que “todos los convenios suscritos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, en las 16 regiones del país, están siendo investigados por una comisión ministerial. Asimismo, se han entregado todos los antecedentes solicitados por la Contraloría para su auditoría respectiva a nivel nacional”.
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