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24 septiembre, 2023 /

La no devolución de garantías: un motivo indudable de quiebra para muchas constructoras

A comienzo de este año un informe de la Universidad de Talca, señalaba que “entre el 1 de enero de 2021 y hasta el cierre del primer semestre de 2022”, aproximadamente 244 constructoras habían solicitado su quiebra.

Así de grave es y, peor aún, ya que la crisis no quedó ahí, porque hasta la fecha dada la ya conocida crisis en el sector de la construcción producto de varios motivos que todos conocemos, como lo fue la pandemia y la insistente inflación, nos seguimos cuestionando sobre las responsabilidades estatales, por lo que volver a recordar sobre la importancia que generó los miles de contratos sin liquidar por parte del MOP, es un ejercicio de memoria que alguien debe hacer.

La situación fue increscendo a partir de 2020, cuando la crisis sanitaria sacudía al mundo completo y entre los rubros más golpeados, estaban uno de los que siempre habían sido parte fundamental del sostén económico de nuestro país.

Al menos nadie lo había desconocido hasta ahí. Y sin embargo, las malas prácticas estatales de dejar abiertos contratos sin devolución de garantías y retenciones, fue como golpear en el piso a las constructoras que además de luchar con la contingencia, debían sumarle el sostenerse sin la capacidad financiera.

Fue entonces el presidente de Besalco quién abrió en debate asegurando que se acumulaban años de cobro de boletas de garantías que seguían entrampadas; casi inmediatamente se le sumaron voces de SalfaCorp y la constructora Arauco, y sigue y suma, en todos estos casos no sólo apuntaron al MOP, sino que también, al Ministerio de Vivienda, de Salud y a las mismísimas municipalidades.

Lo más complejo de la situación es que con este tipo de prácticas se copan las líneas de crédito de las empresas, por lo que debería ser un problema prioritario que requiere de una urgente solución, ya que si bien es un contratiempo que data de años atrás, alguien debería hacerse cargo para un corto plazo, sobre todo, si pensamos en la necesidad de cara a poder impulsar la economía de nuestro país que hasta la fecha no ha logrado repuntar.

Así, si bien sabemos que el Gobierno está buscando establecer su agenda de probidad y transparencia en cuánto a la entrega de recursos, para poder mermar las irregularidades y delitos detectados en el marco del Caso Convenios, por el mal uso de recursos públicos que ha llevado a que estén instaurando la obligatoriedad de exigir boletas de garantía por cada convenio que involucre la entrega de recursos fiscales, lo que parece básico y sensato, abre la pregunta también evidente: ¿qué se hace cuándo es el Estado el mal pagador?

Tal cuál, predicar con el ejemplo y regularizar pagos, liquidar contratos, devolver garantías y retenciones, también debería ser una política y un guiño evidente en la misma línea de esta agenda de probidad y transparencia, sin contar en que además, tendría un fuerte impacto en la reactivación productiva local. Sólo así, todos ganamos.

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