Por: Robert Gillmore Landon, Profesor Derecho Inmobiliario de la P. Universidad Católica de Chile.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos relevantes para el sector inmobiliario. Entre ellos, la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.
El amplio respaldo que obtuvo en la Sala de la Cámara el emblemático proyecto del Gobierno para abordar el debate por la permisología, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales; y los anuncios del Presidente de la República en materia de vivienda en el proyecto de ley de presupuestos 2025.
La última modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla una serie de modificaciones para facilitar la aprobación de permisos de edificación, así como para la obtención de la recepción final de las obras. En ese sentido, la iniciativa aprobada contribuirá a disminuir la carga de trabajo de las direcciones de obras municipales, permitiendo impulsar y agilizar el desarrollo de nuevos proyectos en un sector que está sumido en una crisis sin precedentes.
Asimismo, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales enfrentará un escenario positivo para su discusión durante las próximas semanas en el Senado, producto de los 131 votos favorables que obtuvo el grueso del proyecto en la Cámara Baja.
Se trata de un proyecto ambicioso, que abarca diversas áreas de la economía, donde el Gobierno ha asegurado que los plazos para la entrega de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental y otros excluidos expresamente en la ley, podrían disminuir entre un 30% y 70% respecto de los actuales. Por tanto, el sector inmobiliario podría verse favorecido con el avance de este proyecto de ley, ya que se aplicará supletoriamente en todo aquello que no regule la norma específica en materia de urbanismo y construcción.
Por ejemplo, esto se refleja en las funciones que le corresponderá a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, en la creación del sistema de información unificado de permisos, en la aplicación de los principios orientadores que deberán tener presente los órganos de la administración del Estado y que se suman a los ya vigentes en la Ley N° 19.880, entre otros aspectos.
Finalmente, de acuerdo al anuncio presupuestario del Gobierno para el próximo año, el presupuesto de Vivienda crecerá en un 11,4%, con el objetivo principal de ayudar a reducir el déficit habitacional que actualmente afecta al país. Si bien la mera inyección de recursos no es garantía de sortear la crisis, pues esta es multifactorial, es un avance que va en línea con las necesidades del sector y de la ciudadanía.
De esta forma, en un breve período, el sector inmobiliario ha recibido un importante respaldo por parte de nuestras principales instituciones. En este contexto, es de suyo una buena noticia que se estén impulsando medidas que apunten a paliar los múltiples obstáculos que frenan el desarrollo sectorial.
Evidentemente, hay una multiplicidad de desafíos pendientes, como el implementar franquicias y beneficios para la adquisición de viviendas para los sectores medios, hacerse cargo de las persistentes dificultades para obtener créditos hipotecarios, la necesidad de simplificación en la modificación de planes reguladores para generar condiciones de edificación en espacios subutilizados, mejoras en la gestión, entre otros. Sin embargo, aun quedando camino por recorrer, es destacable presenciar finalmente señales que van en el sentido correcto.
