Por: Mario Anfruns Bustos, arquitecto.
La reciente propuesta de ley sobre la subdivisión predial ha generado tanto expectativa como debate en el sector inmobiliario y agrícola. Aunque representa un avance en la regulación del uso del suelo, esta legislación no aborda de manera integral aspectos cruciales como la protección del suelo agrícola y la planificación de la expansión urbana.
En tanto, la importancia del uso del suelo es un tema central para cualquier política de desarrollo territorial. En particular, el suelo agrícola representa un recurso estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Sin una regulación adecuada, la urbanización descontrolada podría comprometer irreversiblemente áreas productivas y de conservación. Por otro lado, la expansión urbana desordenada puede llevar a la creación de ciudades insostenibles, con problemas de infraestructura y servicios básicos.
La propuesta de ley actual parece centrarse en aspectos técnicos de la subdivisión, sin considerar en profundidad el uso del suelo con la información disponible que cuenta Minagri, para resguardar el impacto que generen las subdivisiones a largo plazo. Este enfoque limitado podría resultar una solución muy puntual, pero no abordada desde lo macro y desde una planificación.
Otro punto crítico es la lentitud con la que avanza el proceso legislativo. A pesar de contar con herramientas tecnológicas avanzadas y con experiencias exitosas en otros países, la elaboración y aprobación de planes de ordenamiento territorial avanzan a un ritmo lento. Esta demora no solo afecta a los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, sino que también deja a las comunidades en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad frente a cambios desorganizados en el uso del suelo.
Hoy en día, existen múltiples herramientas y metodologías que pueden facilitar la elaboración de un plan de ordenamiento territorial efectivo. Los sistemas de información geográfica (SIG), los modelos de simulación urbana y las plataformas de participación ciudadana son solo algunas de las tecnologías disponibles para crear planes integrales y adaptados a las particularidades de cada región.
Un enfoque regional permitiría reconocer y respetar las diferencias geográficas, climáticas y socioeconómicas de los distintos territorios. De esta manera, se podrían diseñar políticas más justas y efectivas, que fomenten un desarrollo equilibrado y sostenible.
En conclusión la nueva propuesta de ley de subdivisión predial es, sin duda, un paso adelante en la regulación del uso del suelo. Sin embargo, para que sea realmente efectiva, debe ir acompañada de una visión integral. Además, es urgente acelerar el proceso legislativo y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para desarrollar planes de ordenamiento territorial a nivel regional.
La implementación de un marco legal robusto y eficiente no solo beneficiará al sector inmobiliario y agrícola, sino que también, garantizará un desarrollo sostenible y equitativo para todas las comunidades.
