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Derechos a la vivienda ¿para todos?

Por: Carmen Paz Muñoz, Directora de Ingeniería en Construcción de la Universidad Andrés Bello – Mg. en Dirección y administración de proyectos inmobiliarios y especialista en tecnología del hormigón

La nueva propuesta constitucional indica en el artículo 51 en el inciso 1, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. 

Así como también, establece la obligación del Estado de disponer de suelo para la provisión de dicha vivienda, a través de la administración de un sistema integrado de suelos públicos, considerando la priorización de uso para fines de interés social. Propone, además, que el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda.

Entonces, ¿qué puede esperar un ciudadano común de esta propuesta?: Pues bien, se establece que el Estado debiera particularmente participar en el diseño de políticas de viviendas para personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección y favorece con el descuento gradual, hasta llegar a cero, el pago de contribuciones de la vivienda principal, quedando exentas de esta rebaja las viviendas de los grupos más favorecidos económicamente. 

Este último punto serviría de reconocimiento real a la olvidada clase media; esa que se endeuda para comprar su vivienda principal, que paga por la educación de sus hijos, que no tiene beneficios estatales para compra de medicamentos y que aporta al Estado con el IVA en cada cosa o servicio que adquiere.

Sin embargo, independiente del resultado del plebiscito, algunas medidas que la ley debiera considerar para cubrir el déficit habitacional sería contener explícitamente políticas y beneficios para, primero, potenciar el uso de materiales reciclados en la construcción de viviendas; y segundo, incorporar la industrialización como foco y motor de la construcción. 

Hoy no hay incentivos suficientes para desarrollar proyectos industrializados que tengan menor impacto en los entornos, una mejor gestión de los residuos y menores tiempos de entrega, lo que sin duda, implica un menor costo respecto de la construcción tradicional.

Es de esperar que la declaración de buenas intenciones constatada en la propuesta constitucional haga eco en nuestras autoridades independiente del resultado del próximo plebiscito, ya que esto, contribuiría en la mitigación del déficit habitacional que hoy en Chile alcanza cifras estratosféricas de casi un millón de hogares. 

Sin embargo, pase lo que pase, urge que el tema se aborde con resguardo extremo de la probidad, anticorrupción de autoridades y de todos los participantes de la industria, entendiendo que la solución solo pasa por considerar el bien de la población, tanto de quiénes son carentes de recursos como de quiénes pertenecen a la clase media.

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