Por: Dr. Lorenzo Reyes Bozo, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas.
La entrada en vigor del Decreto No. 13.096/2026 representa un punto de inflexión para la economía del hidrógeno en Brasil. Más que una regulación sectorial, establece una arquitectura que articula producción, seguridad, certificación, incentivos tributarios, investigación, desarrollo industrial y demanda. De esta manera, el gigante sudamericano está transitando desde la promoción de proyectos hacia la construcción de una industria.
Uno de sus principales avances es adoptar una perspectiva basada en la intensidad de emisiones y el análisis de ciclo de vida. La legislación brasileña define como hidrógeno de bajas emisiones aquel cuya intensidad de dióxido de carbono sea igual o inferior a 7 kgCO₂ por kg de H₂ producido, umbral que se mantiene hasta diciembre de 2030.
Esta aproximación supera una clasificación exclusivamente tecnológica y permite valorar distintas rutas productivas según su desempeño ambiental. La certificación, pasa así, de ser un trámite a convertirse en un activo económico: el carbono incorporado será determinante para acceder a mercados internacionales.
Otro elemento decisivo es la articulación entre regulación e incentivos. Brasil combina el Régimen Especial de Incentivos para la Producción de Hidrógeno con Bajas Emisiones de Carbono (Rehidro), con el Programa de Desarrollo del Hidrógeno de Baja Emisión de Carbono, buscando reducir el green premium, atraer capital y estimular aplicaciones en sectores difíciles de electrificar, como fertilizantes, siderurgia, industria química y transporte pesado.
El objetivo trasciende la exportación de moléculas, mas bien busca utilizar el hidrógeno como plataforma de reindustrialización, descarbonización y agregación de valor.
Para Chile, la señal es inequívoca. Nuestro país posee recursos solares y eólicos excepcionales, experiencia minera, infraestructura portuaria y una estrategia nacional consolidada. Sin embargo, persiste una brecha entre la visión estratégica y la velocidad de implementación regulatoria.
La principal lección brasileña no consiste en replicar su modelo, sino en avanzar hacia un marco integral para el hidrógeno de bajas emisiones, que articule seguridad, permisos, transporte, ductos, agua, derivados, certificación, trazabilidad, incentivos económicos, investigación y desarrollo industrial. Chile debe, además, asegurar la interoperabilidad internacional de su certificación y reducir la incertidumbre que afecte el financiamiento de los proyectos.
La competencia futura se decidirá, entonces, por quién posee la energía renovable más barata y por quién logra convertirla con mayor rapidez en proyectos financiables, certificados y capaces de generar valor industrial. Brasil acaba de dar un paso decisivo. Para Chile, la oportunidad es latente, pero el desafío ya no es imaginar la economía del hidrógeno: es construir, con certeza jurídica y velocidad, las condiciones que permitan materializarla.
