El informe MACH 62 de la CChC advierte que la inversión en construcción tendrá una importante caída en comparación con 2022. Los datos confirman el complejo escenario que enfrenta el sector frente al cual el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, propuso un conjunto de seis medidas.
Por: Renato Herrera Lagos
Una fuerte contracción experimentaría el próximo año la inversión en construcción, la cuál retrocederá 5,3% en comparación con este 2022, el que a su vez, anotaría una caída de 4% según informó la CChC. Esto significa que aunque no de manera consecutiva, la inversión en construcción sumaría a la fecha cinco años con cifras negativas solo considerando el período 2016-2023.
Según explicó Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas, la fuerte caída de este indicador el próximo año “se explicaría por la significativa postergación de proyectos de infraestructura productiva, y por ende, del gasto en construcción que traen aparejado en especial del sector minería, tal como ha informado la Corporación de Bienes de Capital (CBC)”.
Una similar mirada es la de Roberto Darrigrandí, economista, socio director Alta Dirección Capitals, quién señalar que las cifras son el fiel reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, señalando también que “es un panorama que se pudiera revertir si logramos establecer lineamientos claros a la hora de mirar el rubro”.
De hecho, en 2023 la inversión en infraestructura productiva cuyo principal componente es la inversión minera, se contraería 38% respecto de este año, mientras que el gasto en construcción retrocederá 37% en 12 meses, lo que no logrará ser compensado por la inversión pública.
El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en tanto, sostuvo que “uno de los principales desafíos de nuestro país es elevar la inversión, particularmente la privada, que aporta cerca del 80% del PIB y del empleo, pero desde el 2014 que la inversión viene cayendo, pese a ser clave para enfrentar las recesiones y tener un desarrollo sostenible”.
El complejo escenario del Rubro
Las cifras de inversión confirman el complejo escenario que enfrenta la construcción. Así lo señaló Paula Urenda, gerenta general del gremio quién advirtió que “a la incertidumbre político regulatoria se suma el alto precio de los materiales; la caída de la demanda inmobiliaria, por las mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario, y; los problemas de las empresas para conseguir financiamiento”.
Añadiendo además que “esto ocurre en un contexto de gran burocracia, baja productividad y creciente pérdida de certeza jurídica, ya que no hay permisos ni aprobaciones que hoy aseguran que un proyecto se va a poder ejecutar con relativa normalidad”.
La ejecutiva calificó el momento que vive el gremio como “esta tormenta” que ha provocado quiebra y reorganización de empresas, pérdidas de empleo, daño a la cadena de proveedores, licitaciones con menos oferentes o desiertas y más presión sobre el déficit habitacional y de infraestructura.
Si hablamos de licitaciones y oferentes, el Estado de Chile es uno de los más importantes para el sector, aunque esté enfrentando importantes quiebras de empresas en el rubro. Roberto Darrigrandi analiza la manera como las instituciones a cargo han trabajado este tema y asegura que en el caso del MOP sería de forma “histórica”, pues cada uno de los mandantes velaría por objetivos diferentes, pero la burocracia en el retrasos en los pagos de algunas obras, por ejemplo, ha sido transversal.”
Respecto al Minvu, Darrigrandi señala que tiene una buena impresión de la cartera de Montes, pues velan por el bien común de la construcción en Chile.
Al momento de presentar las proyecciones para el próximo año y advertir del momento que vive el sector, Antonio Errázuriz, presidente de la CChC propone seis medidas que el Estado debiera efectuar “con la urgencia que esta situación demanda”, aseveró.
Asegurar pago oportuno por servicios prestados, disminuir tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos. Destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos.
Aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución, afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales. Crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción (no califican para Fogape) y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial.
Avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida por el Gobierno. Esta es una “severa debilidad que tenemos como país y como sector”, indicó. Y finalmente, cambiar el enfoque de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, poniendo énfasis en fomentar la inversión y aumentar la productividad.
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