La norma —conocida como el proyecto de “permisología”— busca reducir los tiempos y trámites que enfrentan los proyectos de inversión para obtener más de 380 permisos sectoriales exigidos por 37 servicios públicos de 16 ministerios.
Por Leonardo Núñez
Aunque valoran los avances, el sector privado expresó fuertes reparos al contenido final de la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales, que fue aprobada por el Congreso y quedó lista para ser promulgada como Ley de la República.
En particular, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) lamentó que la norma dejara fuera a los servicios medioambientales y al Consejo de Monumentos Nacionales, dos de los organismos que —según el gremio— más demoras generan actualmente en la tramitación de proyectos de inversión.
“Después de más de un año de tramitación, valoramos el despacho de la ley marco. Sin duda es un punto de partida relevante para iniciar un camino que avance en solucionar el grave problema de permisología que está frenando la inversión y el crecimiento de nuestra economía”, dijo Alfredo Echavarría, presidente de la CChC.
Sin embargo, añadió: “Lamentamos que no se incluyeran aspectos relativos a la institucionalidad medioambiental y al Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la actualidad”.
Es que, a pesar de los avances, la exclusión del componente medioambiental y patrimonial deja una deuda pendiente en una agenda clave para el desarrollo económico. Para los gremios, mientras esas áreas sigan operando con los mismos cuellos de botella, la “permisología” seguirá siendo un freno estructural a la inversión en Chile.
La norma —conocida como el proyecto de “permisología”— busca reducir los tiempos y trámites que enfrentan los proyectos de inversión para obtener más de 380 permisos sectoriales exigidos por 37 servicios públicos de 16 ministerios. Según el Gobierno, podría reducir entre 30% y 70% los plazos actuales, lo que representaría un impulso de 0,24% del PIB anual una vez implementada plenamente.
Entre sus principales medidas están: Creación de una ventanilla única y una nueva oficina de coordinación; Plazos más estrictos para responder solicitudes; Aplicación de “silencio administrativo positivo”, que considera aprobada una solicitud si la autoridad no responde en el plazo definido; Permisos paralelos, que permiten avanzar en trámites simultáneamente, y simplificación de 50 autorizaciones consideradas de bajo riesgo, que ahora podrán realizarse mediante declaraciones juradas.
Además, el proyecto incorpora el principio de proporcionalidad, que exige a los organismos públicos adaptar sus exigencias al riesgo efectivo de los proyectos, evitando cargas excesivas e innecesarias.
Pese a ser una de las principales iniciativas procrecimiento del Gobierno, el proyecto fue aprobado con más respaldo desde la oposición que desde el oficialismo. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la norma asegurando que no desregula ni debilita los estándares medioambientales, sino que se enfoca en trámites posteriores a la evaluación ambiental, sin eliminar controles, sino optimizando la gestión.
El foco del Ejecutivo y del sector privado está ahora en la implementación de los reglamentos y en la coordinación entre servicios. “Queda ahora el trabajo de revisar y readecuar los reglamentos de las distintas instancias que hay que incorporar en este proceso”, advirtió la CChC.
