El round entre el ministro Iván Poduje y Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, no es solo un cruce de declaraciones. Es el síntoma de una fractura más profunda: Chile no confía en la calidad de su vivienda social, y el Estado, ya no está dispuesto a pagar la cuenta solo.

El Minvu prepara un proyecto para ampliar de 5 a 10 años la garantía por defectos en instalaciones de viviendas sociales y la razón de fondo es brutal, porque tiene un número: $120 mil millones solo este año en reparaciones. Es decir, en 5 años, 1,7 millones de UF que salieron de impuestos de todos para tapar filtraciones, ductos mal ejecutados y socavones que aparecieron antes que la pintura se secara, por eso el ministro Poduje lo dice sin anestesia: “No tener esa medida ya ha encarecido los departamentos en 1,7 millones de UF”.

Empero, del otro lado, la CChC y ADI advierten lo que cualquier constructor sabe: la cadena de responsabilidad no termina en la empresa. Hay fabricantes de cañerías, aseguradoras, certificadores y materiales que no dan 10 años de garantía. Por esta razón Echavarría levanta alertas: obligar a 10 años sin ajustar el resto del sistema, es subir costos en un momento en que el sector arrastra stock sin vender, créditos impagables y permisos lentos.

Así, todo parece ser que la medida protege a las familias, pero en vivienda social todo lo que signifique un adicional podría traducirse en encarecimiento. Por lo que, sin duda ambos tienen razón y ahí está precisamente el problema. Si esto termina en ley a golpes, perdemos todos: el Estado sigue reparando, las empresas quiebran o se retiran de lo social ¿y las familias? siguen con humedad en el dormitorio.

El consenso no está en la cantidad de años sino más bien en el cómo llegamos. Para que la ampliación de garantía no mate la oferta ni perpetúe la mediocridad, el debate debe moverse de la tribuna a una mesa técnica, donde se pueda revisar y llegar a acuerdos sobre la garantía diferenciada + cadena de responsabilidad clara; la fiscalización real antes de castigar después; y sobre el fondo de garantía y seguro obligatorio tripartito.

Sabemos que el ministerio tiene la presión de los contribuyentes y la CChC tiene la presión de un sector que necesita volver a construir, pero los que requieren dignidad en sus viviendas no pueden esperar otro round.

Continuará….