Entre los puntos de avance entre el gobierno y los dueños del terreno usurpado, se determinó un sistema de garantía y precio y la adquisición de todo el predio en un solo acto por la vía de cooperativas.
Por Leonardo Núñez
A sólo tres días del plazo fatal para hacer cumplir el fallo judicial, los representantes del Gobierno y los dueños del terreno usurpado, suscribieron un protocolo de acuerdo que, por ahora, pone freno al desalojo de la “megatoma” de San Antonio.
Tras sostener una reunión de una hora realizada en oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los propietarios establecieron su voluntad de revisar una eventual propuesta de compra de su propiedad.
Entre los puntos de avance, se determinó un sistema de garantía y precio y la adquisición de todo el predio en un solo acto por la vía de cooperativas.
Para ello, primero, se establecerá una Comisión Técnica conformada, preferentemente, por profesionales del área de la construcción, e integrada por un representante de los propietarios del terreno, un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y un representante de la Municipalidad de San Antonio, que reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías.
Las partes establecieron, a su vez, que la Comisión Técnica tendrá un plazo máximo de duración de 6 meses contados desde la fecha de suscripción del presente protocolo.
En la reunión participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y Ricardo Posada y Esteban Solari, propietarios de los terrenos, quienes también se comprometieron a suspender el procedimiento expulsivo.
“(La comisión técnica) tiene que resolver distintos temas, entre otros, ver el tema del precio y las garantías, y que esto sea una perspectiva de comprarlo a través de las cooperativas en un solo acto. Esto es posible porque se han trabajado, y han trabajado las comunidades, los pobladores, y han constituido 16 cooperativas”, explico el ministro Carlos Montes.
En caso de no lograrse un acuerdo, la Comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo de desalojo.
De esta manera, el trato deja sin efectivo el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual había fijado para este jueves, a las 10:00 horas, el inicio del operativo en la toma, donde residen 10.251 personas en 4.136 inmuebles construidos en un terreno privado de 260 hectáreas, ubicado en el cerro Centinela.
–Son cinco los campamentos instalados en la “megatoma”. Se han bautizado como “Centinela” (3.123 personas); “Vista Hermosa” (3.586 personas); “Aguas Saladas” (2.215 personas); “Manuel Bulnes” (1.027 personas) y “Fuerza Guerrera” (894 personas).
–Del total de habitantes, la mayoría de las personas son chilenos jóvenes y un 19% son extranjeros, un 33% son niños, niñas y adolescentes; más del 70% de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad; y más del 90% no tiene segunda vivienda.
