La jefa del organismo contralor, Dorothy Pérez, entregó a la Comisión de Vivienda de la Cámara detalles del informe realizado y las observaciones detectadas en materia de adquisición de terrenos.
Por Leonardo Núñez
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados los principales antecedentes del Informe Final N°421, documento que revisó falencias y observaciones vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional, impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y liderado por el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Durante su presentación, Pérez precisó que la investigación no detectó delitos y explicó que las atribuciones de Contraloría se limitan a revisar responsabilidades administrativas y civiles, por lo que no se formularon reparos para la restitución de recursos ni se identificaron infracciones normativas.
No obstante, la contralora sostuvo que sí se identificaron deficiencias en la administración de fondos públicos. En ese contexto, informó que se instruyó un sumario administrativo a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, proceso que fue iniciado en abril de este año.
La auditoría, desarrollada entre 2022 y 2024, examinó las acciones implementadas por el Minvu para la adquisición de viviendas y terrenos, además de las coordinaciones realizadas con los Serviu y las seremis regionales.
Uno de los principales focos del informe estuvo en la distribución y utilización de los terrenos adquiridos para el banco de suelo público. Según detalló la Contraloría, la superficie comprada superó en más de un 60% la meta inicialmente definida para el plan.
El informe también advirtió que en siete de las ocho regiones analizadas no se registran avances en proyectos de vivienda social asociados a esos terrenos.
A partir de estos antecedentes, parlamentarios oficialistas expresaron preocupación por eventuales irregularidades en los procesos de adquisición, particularmente por pagos que habrían duplicado o triplicado valores estimados en algunos casos.
También cuestionaron la escasez de tasaciones, la utilización de tratos directos sin resoluciones previas y posibles vulneraciones a principios de probidad, eficiencia y eficacia administrativa.
