“Puede ocurrir cualquier cosa, por eso no queremos que haya desalojos. Por eso estamos buscando alternativas”, sostuvo el Ministro Carlos Montes.
Por Leonardo Núñez
Esta semana se inició el proceso de desalojo de la toma “Calicheros”, en Quilpué, propiedad del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario colombiano en 2020, luego de que denunciara ante el Ministerio Público la ocupación ilegal de su terreno.
Hasta el lugar llegó maquinaria contratada por el Serviu para demoler las viviendas irregulares instaladas. Esto, tras un fallo judicial que obliga a cumplir tal orden dictada por la Seremi de Vivienda en 2021. El costo por el operativo asciende a $130 millones (incluye la intervención de 250 carabineros).
El escenario es complejo, pues según dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, al diario El Líder de San Antonio, “puede ocurrir cualquier cosa, por eso no queremos que haya desalojos. Por eso estamos buscando alternativas”.
Pero no sólo por eso, sino que también porque hay dirigentes que insisten en que seguirán en la conocida toma, aunque les desarmen sus construcciones.
Así lo advirtió por ejemplo la dirigente Yasmín Durán Becker, quien es vocera del campamento, quien agregó que “pueden botarme la casa si quieren, pero no nos van a mover de ahí. Ya lo hablamos con mi esposo que es discapacitado. Legalmente no nos pueden mover. Hay una orden de demolición, pero no de desalojo”.
Otro que realiza un anuncio en la misma línea es el topógrafo Gustavo Sepúlveda, quien también participa como vocero de la toma y asesor de los ocupantes.
“Las personas no se van a mover, porque se les prometió que iba a haber diálogos, un plazo razonable y no se cumplió”, sostuvo.
Mientras que la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, aseveró que en el lugar hay un fuerte contingente policial para asegurar el desalojo y llevar a cabo la demolición.
“Si las personas regresan serán detenidas por usurpación en flagrancia de un terreno privado y que estará, en esos momentos, bajo el control del Serviu y de la empresa que este contrató”, finalizó.
La capitán de Carabineros, Javiera García, indico este martes que “hasta lo que llevamos al momento ha sido pacífico. Todo la gente está sacando sus cosas, se le están dando todas las facilidades. Carabineros está desplegado con distintas unidades, está Control de Orden Público y agentes de diálogo (…) estamos ahora verificando el tendido eléctrico que este ya no tenga electricidad y para eso se está haciendo peritaje respectivo y posterior a esto ya comenzaría a ingresar la maquinaria”.
El delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, estimó que ya han abandonado la toma entre un 50% y 60% de los residentes del terreno usurpado.
