
Por: Pabla Ortúzar, presidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI)
La construcción industrializada vive un momento decisivo en Chile. Durante años hablamos de ella como una promesa; hoy ya existen proyectos, empresas y aprendizajes concretos que demuestran que es posible construir de otra manera. Por eso, la Hoja de Ruta de Construcción Industrializada, impulsada por la CChC y CDT, es una buena noticia para el país, porque es una oportunidad única de convertir en agenda común un camino que la industria ya empezó a recorrer.
Esa es la mirada con la que el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) se acerca a este proceso. La trayectoria de casi 10 años nos enseñó algo central: industrializar no es solo cambiar el sistema constructivo, sino transformar cómo diseñamos, coordinamos, fabricamos, construimos y medimos. Su valor aparece cuando se integra tempranamente a toda la cadena —mandantes, proyectistas, especialistas, fabricantes, constructoras, autoridades y usuarios—, porque si esa coordinación no ocurre desde el inicio, trasladamos las ineficiencias de una etapa a otra.
Chile necesita más productividad y también más certeza. Necesitamos responder al déficit habitacional, acelerar infraestructura pública y mejorar la calidad de sus edificaciones. La rapidez por sí sola no basta; se trata de construir con desempeño medible, trazabilidad y sostenibilidad. Esa forma de entender la industrialización —integral, medible y colaborativa.
Un ejercicio comparado con países como Singapur, Japón o el Reino Unido confirma algo alentador: Chile es de los países que con mayor claridad reconoce la urgencia de industrializar su construcción. Esa es una fortaleza real, poco destacada como tal. El desafío -y ahí está la verdadera oportunidad de esta Hoja de Ruta- es traducir ese diagnóstico en una institucionalidad igual de sólida. Los países que más avanzan comparten un rasgo: una entidad articuladora, con trayectoria y mandato. En Chile, ese rol lo ha ejercido el CCI y debe seguir ejerciéndolo, ahora de la mano de más actores.
Por eso, una hoja de ruta ejecutable debe abordar normativa y formación de capacidades, proveedores y mandantes, productividad y métricas comunes de plazo, costo y calidad, vivienda y también salud, educación e infraestructura pública.
También requiere una gobernanza amplia y con roles claros. La participación del CCI, IC, AICE, ADI, CTEC y AOA, más el Minvu y MOP, en esta hoja de ruta es una señal positiva. Pero requiere, sobre todo, que quienes llevamos años articulando este ecosistema lo sigamos haciendo desde un rol de conducción, no solo consultivo: no partimos de cero, y esa trayectoria debe traducirse en responsabilidad institucional.