
Por: Paulina Henoch I., Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, Libertad y Desarrollo.
La última Encuesta Bicentenario UC muestra que solo un 18% de las personas cree que cualquier trabajador tiene altas probabilidades de comprar su propia vivienda. Si bien mejora respecto del mínimo de 13% registrado en 2023, sigue lejos del 55% de 2009, reflejando las dificultades económicas de los últimos años y la creciente brecha entre los ingresos familiares y el precio de las viviendas: entre 2010 y 2025, donde las remuneraciones reales crecieron 32%, mientras que el precio de las viviendas (IPV) aumentó 103%.
La recuperación de las expectativas coincide con las iniciativas discutidas en el Congreso para mejorar las condiciones de financiamiento, mediante menores tasas hipotecarias, plazos más largos y menores exigencias de pie, junto con otras medidas para facilitar la compra.
A ello se sumará, desde el 1 de diciembre, la exención de IVA a la primera venta de viviendas nuevas contemplada en la Ley de Reconstrucción. Se estima que reducirá el precio final entre 2% y 9%, dependiendo de cuánto del beneficio traspasen las inmobiliarias a los compradores.
La medida beneficia a las viviendas que cuenten con recepción municipal anterior al 17 de octubre de 2026 y cuya escritura se firme antes del 1 de diciembre de 2027. Su objetivo es dinamizar la venta del stock disponible y generar condiciones para reactivar nuevos proyectos. Ya se observan algunas señales positivas: el stock disminuyó a 99.524 viviendas, un 9,6% menos que hace un año, situándose por debajo de las 100 mil unidades, nivel en torno al cual se había mantenido desde la pandemia. Sin embargo, la demanda aún no muestra una recuperación sostenida: las ventas en la Región Metropolitana cayeron un 10% anual durante el tercer trimestre de 2026.
El desafío es consolidar esta recuperación y traducirla en nuevos proyectos. Los permisos de edificación siguen bajos y las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que buscan facilitar viviendas más pequeñas y económicas, están siendo revisadas por el Tribunal Constitucional. Por ello, es fundamental entregar certeza sobre que normas regirán para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.
La combinación de estas medidas puede significar una rebaja importante en el costo de adquirir una vivienda, decisiva para muchas familias que han postergado su compra y que, además, contribuiría a reactivar un sector clave para el empleo. Que más personas vuelvan a ver la vivienda propia como una meta alcanzable es una señal alentadora. Para consolidarla, se requieren condiciones económicas más auspiciosas, que impulsen el empleo y los ingresos de las familias, y reglas claras que permitan construir más.