Por: Cristóbal Uriarte, Abogado Asociado Principal Área Inmobiliaria Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Ante la crisis de seguridad que vive el país, agudizada por los violentos episodios ocurridos en la Región Metropolitana durante las últimas semanas, el Gobierno anunció una serie de medidas para combatir estos hechos delictivos.
Y si bien, cualquier medida es rescatable si pensamos que la seguridad es hoy la prioridad número uno de toda la ciudadanía, hay una en específico, que nos llama especialmente la atención y es que en el contexto del anuncio de construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, el Presidente Boric informó que enviará al Congreso un proyecto de ley para exceptuar varios trámites y permisos, que en situaciones normales, demorarían la ejecución de este proyecto.
Compartimos el diagnóstico y entendemos que situaciones extremas requieren medidas extremas. Sin embargo, hablar de excepcionalidad para la construcción de la cárcel no es más que una constatación de una premisa evidente: la excesiva permisología puede quitarle todo el sentido, ya sea en lo que respecta a la urgencia o al sentido social y/o al económico, a un proyecto determinado.
En enero de este año, el Gobierno anunció el proyecto de ley de “Sistema Inteligente de Permisos”, que busca simplificar los procesos administrativos necesarios para obtener las autorizaciones que permitan la ejecución o desarrollo de un proyecto de inversión. Este proyecto tiene como objetivo modificar de forma transversal el sistema de permisología en el país, eliminando ciertos obstáculos burocráticos y recuperando la certeza jurídica perdida paulatinamente debido a la gran dispersión normativa.
Asimismo, se encuentra en trámite el proyecto denominado “Evaluación Ambiental 2.0”, el cual incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y que fue presentado como un proyecto que busca prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y entregar seguridad a los inversionistas. Es de esperar que estos proyectos avancen rápidamente y que las leyes que se aprueben realmente cumplan con los objetivos planteados.
Hoy la urgencia es la seguridad, el día de mañana puede ser salud y luego educación, incluso podríamos argumentar que la necesidad de inversión privada es un tema urgente. Sin embargo, todos sabemos que las “soluciones parche” o excepciones no pueden transformarse en la regla general.
Esperemos que el proyecto anunciado por el Presidente sea acogido por el Congreso y que esta cárcel se materialice pronto. Sin embargo, es muy importante que las reglas relativas a los permisos se modifiquen, de modo que los proyectos, ya sean éstos públicos o privados, cuenten con un procedimiento claro y acotado que permita respetar las normas urbanísticas, el medio ambiente y las comunidades, pero que permitan ejecutar los proyectos en tiempos razonables y atraer capitales dispuestos a invertir con las reglas existentes.
