Por: Ernesto Tarazona, CEO de Serviland.
Un estudio hecho por Serviland y IE Center for Sustainable Cities de IE University, ha hecho una propuesta para la implementación de Normas Urbanísticas Transversales que promuevan el desarrollo urbano sostenible, mediante la creación de sistemas de incentivos y bonificaciones, posicionando a las administraciones públicas como las principales impulsoras de este cambio.
Del análisis se desprende que Andalucía y Cataluña, lideran en España en cuanto a desarrollo urbano sostenible, gracias a la actualización de sus normativas y a una mayor integración de los principios de sostenibilidad en sus leyes del suelo. La idea es que se vinculen parámetros tradicionales como la edificabilidad con estándares medioambientales o sociales, que promuevan el desarrollo sostenible de las ciudades. Además, analiza, evalúa y propone estrategias para impulsar un modelo de desarrollo centrándose especialmente en las fases iniciales de planificación y urbanización.
El informe concluye que, si bien la implantación de medidas que fomenten la sostenibilidad puede suponer en algunos casos un incremento económico de las obras de urbanización, únicamente mediante un enfoque a medio y largo plazo, es posible entender el retorno de la inversión. Es por esto por lo que, para compensar la contradicción entre el beneficio social y medioambiental y la falta de retorno económico a corto plazo, se propone un sistema de Normas Urbanísticas denominadas Transversales, que fomenten el desarrollo sostenible mediante incentivos y bonificaciones que favorezcan la inversión en sostenibilidad.
A diferencia de los incentivos existentes para favorecer una edificación sostenible, en el caso del planeamiento y la urbanización, existe un vacío sobre cómo la administración pública puede fomentar el desarrollo urbano sostenible. Este nuevo marco aboga por la colaboración público-privada para fomentar el desarrollo sostenible de entornos urbanos. Su aplicación requiere la participación fundamental de la administración pública, pero también de desarrolladores urbanísticos, el sector financiero, e incluso, de la sociedad en su conjunto con un papel activo de la ciudadanía.
Las Normas Urbanísticas Transversales vinculan beneficios medioambientales y sociales, con incentivos en forma de parámetros urbanísticos, tasas e impuestos municipales, tramitación urbanística, financiación y consumos.
El estudio también recoge una exhaustiva relación y comparación a partir de 7 indicadores de sostenibilidad, de las respectivas leyes del suelo de las 17 comunidades autónomas y las normativas urbanísticas de las 13 ciudades principales de España. El mayor reto de la sostenibilidad no está en identificar los parámetros que mayor repercusión tiene, sino en la transversalidad de estos parámetros y las implicaciones y consecuencias, que tienen unas decisiones sobre áreas que en principio parecían desconectadas o sin relación.
Del estudio se desprende que Andalucía y Cataluña han sido las regiones con las normativas más actualizadas y que cuentan con una integración más efectiva de los principios de sostenibilidad en sus leyes del suelo, promoviendo la integración de energías renovables, la gestión eficiente del agua y la participación de la comunidad.
Sin embargo, regiones como Murcia y La Rioja muestran áreas significativas de mejora. Estas comunidades tienen una integración menos robusta de la sostenibilidad en sus normativas y presentan una falta de cohesión en la implementación de políticas energéticas y de gestión del agua.
Por su parte, la comparativa de las normativas urbanísticas de las principales ciudades españolas revela que existe una diversidad significativa en cómo se abordan las políticas sostenibles. Así, ciudades como Barcelona y Madrid destacan por sus enfoques avanzados y holísticos hacia la sostenibilidad urbana. En este sentido, el estudio subraya la importancia de mantener las leyes de suelo actualizadas y alineadas con los principios de sostenibilidad, promoviendo la integración de energías renovables, la gestión eficiente del agua y la participación activa de la comunidad
