Índice de Calidad de Vida Urbana 2024: la colaboración y el enfoque integral, sigue siendo la única salida
En el marco de lo que arrojó el Índice de Calidad de Vida Urbana 2024 la semana pasado, buscando oportunidades de mejora, es interesante analizar lo que la CChC y el Instituto de Estudios Urbanos de la PUC generaron como propuestas en los temas de mayor brecha, en cuánto a conectividad, movilidad, vivienda y entorno.
De cara a que algunas comunas tienen serias dificultades con la infraestructura de transporte, limitando el acceso a otras áreas urbanas y a servicios básicos, sumado a la insuficiencia del transporte público, poco accesible o ineficiente, se identificó algunas acciones para mejorar la movilidad de los ciudadanos y su capacidad para acceder a oportunidades laborales y educativas para quiénes no cuentan, principalmente, con un vehículo propio.
En este ítem, el estudio propuso que los municipios pueden ser los encargados de gestionar subsidios territoriales que levanten opciones de transporte en las zonas más vulnerables, generando diversidad de accesos tanto para bicicleta, como caminata y bus, entre otras opciones, pensando en que la falta de infraestructura adecuada para peatones y ciclistas impide un desplazamiento seguro y cómodo, especialmente en comunas con alta densidad poblacional.
En cuánto a lo que respecta al Ministerio de Transportes, se sugiere la generación de “tarifas diferenciadas por tramo, comuna o tramo socioeconómico” y el “desarrollo de infraestructura de transporte público e intermodal con cobertura en zonas mal servidas”. El objetivo sería, entonces, combinar las diferentes formas de transportes de manera planificada y eficiente.
En temas de vivienda y entorno, dado que la seguridad es una crisis nacional que lleva arrastrándose y tomando la agenda pública por largo tiempo, porque existen comunas con altos índices de criminalidad que genera preocupaciones, por falta de presencia policial y de programas de prevención del delito, con carencia de iluminación en calles y espacios públicos que aumentan la sensación de inseguridad, se destacó la necesidad de varios actores que deberían involucrarse en las mejoras.
Así, en los municipios debería recaer la responsabilidad de planes que promuevan patrullajes preventivos; generar estrategias para la organización vecinal para la vigilancia territorial; actualizar el “Plan Regulador Comunal para permitir usos mixtos” y; lograr atraer la inversión privada para la generación de servicios. El financiamiento y la implementación de los Planes Comunales de Seguridad Pública, como todo el aparataje para captar y capacitar en recurso humano municipal, debería estar en manos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, podría ser el encargado de levantar recursos y/o patrocinar, proyectos de recuperación de espacios públicos y equipamientos, que permitirán una vida en comunidad más saludable. ¿Quién debería responder por el financiamiento de cámaras de seguridad, luminarias y proyectos de servicios?, según los expertos, los Gobiernos Regionales.
En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol, puesto que las propuestas revelan una vez más que la única forma para salir de las crisis y generar estrategias para acotar las brechas, es a través de un enfoque integral por parte del Gobierno y la colaboración entre distintas entidades publicas y privadas, así como con la participación activa de la comunidad en la identificación de necesidades y soluciones.
