El 23 de septiembre de 2026 quedará registrado, al menos en las actas del genio burocrático, como el día en que el Estado chileno decidió finalmente domesticar la gravedad. Con la publicación en el Diario Oficial de la Ley N.º 21.842, que modifica las normas de copropiedad inmobiliaria, se incorpora una nueva obligación relacionada con la instalación de mallas de seguridad en altura.

Con esta medida, una vez más, el legislador parece convencido de que la seguridad de los ciudadanos se alcanza agregando una nueva capa de regulación. El problema es que nuestros ilustres legisladores parecen haber olvidado en su infinito desvelo protector, que la normativa técnica ya establece exigencias respecto de la altura y condiciones de seguridad de los antepechos de terrazas y balcones. Sin embargo, aparentemente, un exceso de celo normativo nunca es suficiente.

La pregunta que le sigue es sencilla: ¿Cuál es el costo de esta nueva obligación y quién lo terminará pagando? La respuesta probablemente sea menos sencilla. Cada nueva exigencia técnica aplicada a edificios existentes implica costos de instalación, mantención, fiscalización y administración, porque cuando se multiplican estas obligaciones, el resultado termina incorporándose al costo de la vivienda, justamente cuando Chile enfrenta enormes dificultades para acceder a ella.

Así, siguiendo esta impecable lógica de ingeniería social: ¿por qué detenernos aquí? Si un niño se cae dentro de una vivienda, quizás mañana se establezca una norma obligatoria para modificar determinadas habitaciones; si los padres levantan demasiado la voz, el Estado podría exigir sistemas de absorción acústica en los muros, junto con una pauta estandarizada para regular el tono de nuestras conversaciones; y si una mascota decide explorar el vacío desde un balcón, probablemente la respuesta sea exigir una nueva armadura de acero estructural para cada terraza del país.

El problema no es la seguridad. Nadie puede estar en contra de reducir accidentes. El problema aparece cuando el Estado sustituye sistemáticamente la responsabilidad y libertad de las personas por obligaciones generales, costosas y uniformes, incluso, cuando ya existen normas técnicas destinadas a cumplir objetivos similares.

La senda es peligrosa, puesto que bajo el noble pretexto de protegernos, podemos terminar construyendo una sociedad donde cada decisión cotidiana requiere una autorización, una certificación o una norma.

George Orwell en 1984, imaginó un Estado que vigilaba. Aldous Huxley en “Un mundo feliz”, imaginó uno que moldeaba la conducta. Quizás, hoy el verdadero desafío sea evitar que en nombre de nuestra seguridad, logremos terminar construyendo uno que haga ambas cosas.

Soy un convencido de que una sociedad libre también supone asumir riesgos, ejercer responsabilidad y conservar un espacio donde el Estado no tenga que decidir todo por nosotros.