Por: Nicolás Herrera, head of real estate research de TOCTOC.
En las últimas semanas ha surgido un creciente interés público a raíz de diversas noticias que han puesto en el centro del debate, al menos dos aspectos relevantes vinculados al pago de las contribuciones. En primer lugar, se ha discutido el eventual exceso de pagos por parte de ciertos contribuyentes.
Según lo señalado por el actual director del SII, serían los hogares pertenecientes al 20% de mayores ingresos quienes lideran los reclamos. Sin embargo, este análisis omite considerar que una proporción significativa de propiedades actualmente no paga contribuciones, al tener avalúos inferiores a los $57 millones.
Así, departamentos de pequeñas superficies en comunas céntricas o viviendas antiguas quedan exentos, mientras otros contribuyentes —posiblemente de menores ingresos— sí deben pagar. Aquí surge un primer dilema de información, relacionado con la necesidad de determinar con claridad si quienes efectivamente pagan este tributo, corresponden a los sectores más favorecidos económicamente.
En segundo término, se ha reabierto la discusión sobre los mecanismos de cálculo. Dado que, aunque los procedimientos generales están detallados en la página del SII —lo que representa un avance—, respecto de un factor clave como la asignación de valores de suelo, persiste una evidente opacidad. Empero, se publican los precios estimados, no existe claridad suficiente sobre los parámetros metodológicos utilizados.
En este contexto, la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo estableció la obligación de crear un Observatorio del Mercado de Suelo para aportar mayor transparencia. Si bien existe una sección en la página del SII dedicada a este tema, el problema central sigue siendo la falta de información detallada y auditable.
Aunque se presentan cifras agregadas, no se entregan los antecedentes —como exige la ley— que permitan caracterizar las propiedades enajenadas a partir de cada inscripción registrada en el Conservador de Bienes Raíces. Esta limitación restringe el acceso democrático a datos fundamentales para la formulación de políticas públicas, configurando así un segundo dilema de transparencia.
Estos déficit de información evidencian cómo una política pública, cuyo objetivo es redistribuir las inversiones estatales y
apoyar a los municipios de menores ingresos mediante el Fondo Común Municipal, termina generando escepticismo entre los propios contribuyentes.
El llamado es claro, se requiere mayor transparencia para avanzar en la validación social de un tributo que, aunque controvertido, cumple un rol clave en construir ciudades más justas y equitativas. Tal vez ha llegado el momento de repensar este tributo, cuya génesis data de 1969, en un país y un contexto muy distintos a los desafíos que enfrentamos más de cincuenta años después.
