Un informe de la Universidad San Sebastián detalló que el costo de estas demoras bordeó los US$2 mil millones en 2023.
Un informe de la Universidad San Sebastián (USS), reveló que la burocracia para agilizar los trámites de permisos de construcción está afectando a la economía y al sector inmobiliario. El estudio señala que el costo de estas demoras bordeó los US$2 mil millones en 2023, representando un 0,58% del PIB.
En ese sentido, Pablo Arentsen, gerente inmobiliario Exxacon Inmobiliaria, señaló que, “como primera estrategia, y quizás la más importante, es adelantar lo más posible el inicio de los trámites, particularmente los municipales y sectoriales. Si bien ya sabemos que serán más lentos que lo razonable, el anticipar su tramitación ayuda a que se puedan obtener un poco antes”.
“Como segundo punto es importante alinear a la organización, transmitir el mensaje de que es un tema muy importante y crítico para el resultado, por lo que cada área aporta y ayuda, dentro de sus competencias, en agilizar estos procesos”, agregó Arentsen.
BC y baja de la TPM: Impacto en créditos hipotecarios será acotado y a largo plazo
Además, se estima que cerca del 67% de los proyectos que se llevaron a cabo durante el 2023, presentaron un retraso más allá del plazo legal. Por otra parte, un estudio elaborado por Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) junto a Toctoc, detalló que las tramitaciones de permisos alcanzaron un promedio de 815 días de demora durante el año pasado, un aumento del 26% en cuatro años.
Ante eso, Robert Gillmore, abogado PUC y profesor de derecho inmobiliario, comenta que no hay una sola medida que vaya a solucionar el problema de los retrasos, “para edificaciones de mayor superficie debe existir una tasa de descuento de los derechos municipales en caso de atraso en los plazos de respuesta. Debe aplicarse descuentos hasta llegar al 100% además de dividir el pago en dos etapas, permiso y recepción final, esta última con los mismos descuentos”.
Otra de las alternativas que asoma es la utilización de un sistema digital para la revisión de proyectos, ante eso Gillmore agrega que, “el prometido “DOM en línea” por parte de las autoridades podría contemplar entre otras economías procesales un sistema de revisión digital de proyectos”.
En tanto, Arentsen señala que, “debe ser seguido de forma muy rigurosa, y para ello tenemos personas dedicadas de manera casi exclusiva a ello. Lamentablemente se debe estar encima de las contrapartes para poder agilizar en lo posible y con las herramientas que tenemos dispuestas para estas tramitaciones, las que no son muchas”.
