La judicialización de 6 años, la inflación importada y un subsidio mal diseñado frenan la construcción, y pide gritos una discusión pública y ajustes estructurales, para que la promesa de destrabar permisos sea congruente con un sistema judicial que no aguanta más.

En Chile ya no discutimos si necesitamos más flexibilidad. Discutimos por qué, con la ley en la mano, un proyecto puede demorar 6 años en llegar a una resolución civil. Cuando un desarrollador o una comunidad tiene que elegir entre recurso punitivo, acción de autotutela, justicia administrativa o civil, el resultado es el mismo: parálisis.

Y así, mientras los tribunales deciden, hay 100 mil viviendas sin vender y un déficit habitacional que no espera más, por lo que la propuesta sobre la mesa es bajar los plazos de judicialización a 12 meses y aplicar sanciones reales, no solo multas, cuando se abuse del sistema.

¿Tiene sentido? Pero sin cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), y sin sacar a los municipios del centro del conflicto, cualquier cambio será un parche.

Para esto es clave el Artículo 11, que sin duda tiene buena intención, pero que tiene un mal diseño técnico. El ejemplo está en dicho apartado y su subsidio para formalizar el trabajo. Mirado de lejos suena bien: incentivar la formalización, dar crédito, mover la economía. Mirado de cerca, es caro, desfocalizado y técnicamente débil.

Esto pasa cuando se legisla rápido y se quiere hacer “de todo un poco”. El resultado es un instrumento que no cumple ni en velocidad ni en focalización. Y en construcción, un error de diseño técnico cuesta años y miles de millones.

Si vamos a usar subsidios para mover stock y reactivar, que sea con discusión pública real, con gremios en la mesa y con indicadores claros. La intención no basta. La técnica manda.

La otra pata del problema es macro, porque la inflación de marzo fue menor a lo esperado, pero no porque el problema esté resuelto. El efecto del alza de combustibles y transporte aún no se traspasa completo a los precios.

Para Chile, país dependiente de hidrocarburos, un choque petrolero no es solo precio. Es un insumo clave que encarece todo y detiene la inversión. Y como tenemos contratos en UF —arriendos, colegios, seguros, créditos—, el shock se propaga por meses.

¿El resultado? El Banco Central sube sus proyecciones de inflación, el crecimiento para 2026 cae de 2,5% a 2% e incluso 1,1%, y el sector inmobiliario siente el golpe dos veces. Menos crédito, menos velocidad de venta y más cautela.

Hoy el mercado está desbalanceado. Hay mucha oferta y poca inversión en desarrollo nuevo. Eso es malo para el sector, pero abre una ventana para el comprador informado. Es una paradoja pero también una oportunidad.