Si hay algo donde todos los sectores parecen estar de acuerdo, es que la Ley de Incendios es ¡urgente! por ser una herramienta fundamental para abordar la creciente amenaza de los incendios forestales en Chile, especialmente, en un contexto de crisis climática y expansión urbana descontrolada. El saldo de vidas humanas y pérdidas económicas significativas, son una prueba irrefutable de dicha premura.

Pero ¿qué otras razones existen para ver a esta ley como una posible candidata a un fast track?, es que entre otras soluciones, la normativa propone un enfoque preventivo, incorporando planificación territorial, manejo del paisaje y responsabilidades claras para actores públicos y privados. Esto podría ayudar a reducir el riesgo de incendios forestales y rurales.

Además, la ley busca proteger los ecosistemas forestales y prevenir la pérdida de biodiversidad, lo que es fundamental para prevenir futuras catástrofes. ¿Cómo podemos, entonces, llegar a todo esto que pareciera tan lógico? quizás, con el fortalecimiento institucional: La creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor) y la definición de zonas de interfaz urbano-rural forestal en la planificación territorial, como los aspectos clave de la ley de cara a poder mejorar la respuesta a los incendios y la prevención de los mismos.

Empero, hay que ser conscientes también, de la falta de financiamiento adecuado para su implementación, lo que podría limitar su efectividad. Además, la tramitación de que la normativa salga a la luz está directamente vinculada a las eternas disputas políticas y falta de acuerdo entre los parlamentarios. Por lo que algunos expertos critican los tiempos en que se han tardado en ponerse de acuerdo, y señalan, que es urgente abordar la intencionalidad y la responsabilidad de los incendios forestales, estableciendo las sanciones más estrictas para quienes los provocan.

La crisis climática clama por ayuda, más después de que está aumentando la frecuencia y severidad de los incendios forestales. No hay duda, la aprobación de la Ley de Incendios debe tener un gesto cortoplacista. La falta de aprobación de la misma, podría resultar en más pérdidas de vidas y propiedades, lo que sería devastador para las comunidades afectadas.

Aún así, que este grito por la urgencia no nos haga perder el foco, la aprobación de la Ley de Incendios es solo un paso hacia una política sostenida y anticipada frente a los incendios forestales. Es fundamental que se aborden las causas subyacentes de los incendios y se implementen medidas efectivas para prevenirlos, para no seguir quedándonos sólo en formatos leguleyos que no impactan en lo concreto.

Desde lo anterior, es relevante poner las cartas sobre la mesa y transparentar intereses público-privados como las denominadas tierras naranjas, como áreas de interfaz urbano-rural forestal que requieren una gestión especial para prevenir los incendios forestales. La Ley de Incendios debe considerar la protección de estas áreas y la implementación de medidas de prevención y mitigación, con una gestión territorial planificada y con la administración del paisaje, para reducir el riesgo de incendios forestales y rurales, más allá de lo inmediato.

La gestión territorial y la protección de las tierras naranjas son aspectos clave que deben ser considerados en la Ley de Incendios. No miremos para otros lados ni pasemos la pelota para no hacernos cargo.