Un nuevo reglamento para la Vivienda de Interés Social (VIS) propone restringir la venta y el arriendo de inmuebles subsidiados durante cinco años, además de fortalecer la fiscalización del mercado.
Por Leonardo Núñez
El mercado de la vivienda social en Perú se prepara para una de sus transformaciones regulatorias más relevantes de los últimos años.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) puso en consulta pública el proyecto de reglamento de la Ley N.° 32379 sobre Vivienda de Interés Social (VIS), una propuesta que busca reforzar el control sobre los subsidios estatales, aumentar la transparencia del sistema y otorgar mayor seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos.
La iniciativa incorpora una serie de cambios que podrían modificar la forma en que operan tanto los beneficiarios como las inmobiliarias. El punto que ha generado mayor atención es la prohibición de vender o arrendar una vivienda subsidiada durante los primeros cinco años desde su inscripción en el registro de propiedad.
Si la medida es aprobada, quienes incumplan esta obligación deberán devolver el subsidio recibido, junto con los intereses correspondientes, y podrían quedar impedidos de acceder a futuros programas habitacionales.
El objetivo es evitar que los beneficios públicos sean utilizados con fines especulativos y garantizar que las viviendas lleguen efectivamente a las familias para las que fueron concebidas. Se trata de un enfoque que también ha cobrado fuerza en distintos países europeos, donde las políticas de vivienda protegida buscan asegurar la permanencia del uso residencial y limitar operaciones que desvirtúen el propósito social de estos programas.
La propuesta también contempla la creación del Registro Nacional de Vivienda (Renavi), una plataforma que permitirá centralizar la información de los proyectos acogidos a los programas estatales.
Con ello, los compradores podrán acceder a mayor información sobre la situación jurídica de cada inmueble y los beneficios asociados, mientras que las empresas inmobiliarias deberán cumplir nuevas exigencias de registro, trazabilidad y fiscalización.
Estas modificaciones llegan en un contexto de expansión del mercado de vivienda social. Durante el primer trimestre de 2026 se otorgaron 2.335 Créditos Mivivienda, un 8,4% más que en igual período del año anterior. Los desembolsos alcanzaron S/541,8 millones, lo que representa un crecimiento de 32,4% respecto del primer trimestre de 2025.
En este escenario de mayor actividad y nuevas exigencias regulatorias, el financiamiento privado comienza a ganar protagonismo. Una de las fórmulas que ha mostrado mayor crecimiento es el crowdfunding inmobiliario, mecanismo que ya se utiliza ampliamente en mercados europeos para complementar el financiamiento bancario y canalizar inversión hacia proyectos residenciales de menor escala o con impacto social.
