A partir de 2026, el país exigirá declarar la nacionalidad de compradores y representantes legales en operaciones inmobiliarias, en medio del creciente interés por el mercado japonés y las preocupaciones por la seguridad nacional.
Por: Leonardo Núñez
El Gobierno de Gobierno de Japón anunció un paquete de medidas destinadas a reforzar el control y la transparencia sobre la adquisición de bienes raíces por parte de extranjeros, en un contexto de creciente interés internacional por el mercado inmobiliario del país y de mayores preocupaciones en materia de seguridad nacional.
A partir de abril de 2026, las personas naturales deberán declarar su nacionalidad al momento de registrar la transferencia de inmuebles o la compra de terrenos forestales. La exigencia apunta a mejorar el seguimiento de la propiedad de la tierra y a contar con información más precisa sobre quiénes están adquiriendo activos inmobiliarios en Japón.
En el caso de las empresas, la normativa incorporará un nuevo requisito: declarar la nacionalidad de sus representantes legales cuando adquieran propiedades ubicadas en zonas consideradas sensibles para la seguridad nacional, como áreas cercanas a instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa. Con ello, las autoridades buscan prevenir riesgos estratégicos asociados al control de terrenos clave.
Además, se ampliará la obligación de notificación para extranjeros no residentes y compañías extranjeras que compren inmuebles en Japón. La medida abarcará no solo las adquisiciones con fines de inversión, sino también aquellas destinadas a uso residencial, con el objetivo de facilitar la supervisión efectiva de la situación real de residencia y uso de las propiedades.
Actualmente, la Ley de Control de Cambios y Comercio Exterior exige informar al gobierno dentro de un plazo de 20 días cuando extranjeros adquieren bienes raíces con fines comerciales. Sin embargo, la ministra de Finanzas, confirmó que esta obligación se extenderá también a las compras de viviendas para uso habitacional, e incluso a ciudadanos japoneses que residen en el extranjero.
El endurecimiento del marco regulatorio se complementará con una revisión más amplia de la política migratoria y de gestión de la residencia, incluyendo mayores exigencias para la obtención de la nacionalidad japonesa y medidas frente al impago de seguros de salud y servicios médicos. El Ejecutivo prevé presentar en enero próximo un marco general de política hacia los extranjeros.
Con estas iniciativas, Japón busca frenar la especulación inmobiliaria, mejorar la trazabilidad de la propiedad y fortalecer la seguridad nacional, sin cerrar completamente su mercado, pero estableciendo reglas más estrictas frente a un fenómeno que ha ganado relevancia en los últimos años.
