La capital española optó por priorizar la salud de sus ciudadanos. En Chile su uso requiere de ajustes urgentes.
Por Leonardo Núñez
Esta es la última semana en que se podrán arrendar scooters eléctricos en Madrid. A partir de octubre, su uso quedará prohibido en la capital española.
La decisión de las autoridades se fundamenta en la necesidad de proteger a los peatones, sobre todo adultos mayores, quienes se han visto expuestos a situaciones de riesgo debido a la falta de control en el uso de estos dispositivos. Ha sido el propio Ayuntamiento de Madrid quien ha comunicado la revocación de las autorizaciones a las tres principales empresas de arriendo de estos ciclos. De esta manera, desaparecerán de las calles madrileñas un total de 6.000 de estos vehículos cero emisiones.
No es la primera ciudad en que se toma esta decisión. En Francia, particularmente en París, están prohibidos los scooters públicos. La alcaldesa Ana Hidalgo, después de hacer un seguimiento a través del Servicio de Salud Pública francés, advirtió que el costo en el cual incurre el Estado francés por los lesionados en los scooters ameritaba que se prohibieran. Las Vegas y Nueva Orleans ya han tomado medidas similares.
En Chile su uso también requiere de ajustes urgentes. La falta de ciclovías y de control a los conductores permite que circulen por veredas y superen los 60 KM/hora en algunos casos.
“Cualquier ciclo que desarrolla más de 25 km/hora pasa a ser un vehículo y, por lo tanto, quien los usa debe tener licencia de conducir clase C, revisión técnica, permiso de circulación y seguro obligatorio”, sostiene Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile.
Solo en la Región Metropolitana ya superan las 5 mil unidades para las aplicaciones de pago. En todo Chile, en tanto, la cifra supera las 15 mil unidades, según datos del Ministerio de Energía.
Su crecimiento no ha ido a la par con la infraestructura de movilidad urbana ni con su regulación ni fiscalización, de acuerdo a expertos en transporte urbano. Según el Gobierno Regional, actualmente existen en Santiago cerca de 480 kilómetros de ciclovías. Pero el 80% no se ajusta a los estándares que establece el Ministerio de Transportes.
La legislación actual que los rige es la Ley de Convivencia Vial, que los clasifica como ciclos, junto a las bicicletas, skates, patines y monociclos. Si alcanzan velocidades de hasta los 25 kilómetros por hora, deben circular sólo por ciclovías, excluyendo las veredas, y en el caso de que no haya ciclovías, deben hacerlo por el lado derecho de la calzada o por el lado izquierdo en el caso de que existan vías exclusivas de buses. En el caso de que superaran esa velocidad o los 25 kiloWatts de potencia, deben circular únicamente por la calzada.
Giovanni Vecchio, profesor del Instituto de Estudios Urbanos UC e investigador Cedeus, sostuvo a nuestro medio que “sin duda ayudaría a tener más ciclovías, al igual como ayudaría para las bicicletas. Pero el problema tiene que ver con la conducta de los usuarios”.
“Solo los scooters públicos que se utilizan con aplicaciones están programados para no superar los 25 km/h. Pero los particulares muchas veces se mueven por las veredas, a una velocidad mucho más alta que la de un peatón, que se mueve a 4 o 5 km por hora. El cambio tiene que pasar por la manera en que los usuarios utilizan su vehículo y eso se puede reforzar con fiscalización, pero que sea útil”, añadió.
