La modernización metodológica se elaboró a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, que entregó su informe final en julio de 2025.
Por: Leonardo Núñez
La Encuesta Casen 2024 marcó un punto de inflexión en la forma en que Chile mide la pobreza. Con una metodología “más exigente y actualizada”, el nuevo instrumento arrojó que el 17,3% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, al tiempo que reveló que cerca de 600 mil personas lograron salir de esta condición, pese a estándares de medición más estrictos.
Uno de los principales hitos de esta versión fue la incorporación de una nueva metodología diseñada para reflejar de mejor manera los cambios sociales y económicos, que ha experimentado el país durante la última década. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia destacaron que, en términos simples, ahora es más difícil “salir” de la pobreza en la medición, lo que eleva el estándar con el que el Estado observa la realidad social.
La actualización metodológica se elaboró a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, que entregó su informe final en julio de 2025. Posteriormente, estas propuestas fueron revisadas en una mesa técnica integrada por la Subsecretaría de Evaluación Social, el INE, la Cepal y el PNUD.
Entre los cambios más relevantes, se eliminó el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios, reconociendo explícitamente las distintas cargas económicas que enfrentan ambos grupos. Además, se incorporó una nueva canasta básica de alimentos más saludable, con una reducción del 50% de productos ultraprocesados.
Situación habitacional en Chile
Este giro metodológico dialoga con diagnósticos recientes sobre la situación habitacional en Chile. Estudios como el desarrollado por Déficit Cero, junto al Instituto de Estudios Urbanos UC y el Centro UC de Desarrollo Sustentable, han evidenciado que los arrendatarios concentran una parte sustantiva de la llamada “demanda social por vivienda”, asociada no solo a carencias materiales, sino también a problemas de asequibilidad e inseguridad en la tenencia.
De acuerdo con ese análisis, los arrendatarios representan un 43% de la demanda social por vivienda, lo que equivale a cerca de 945 mil hogares, más de la mitad de quienes arriendan en el país. El peso del arriendo sobre los ingresos ha ido en aumento, alcanzando en promedio un 27% en 2022 y llegando a niveles críticos en los hogares de menores ingresos, donde el gasto puede absorber casi la totalidad de los recursos disponibles.
En este contexto, la diferenciación entre arrendatarios y no arrendatarios introducida por la Casen 2024, busca ofrecer una medición más precisa de la pobreza y mejorar la focalización de las políticas públicas. La nueva metodología también incorpora una definición de pobreza severa, tanto por ingresos como multidimensional, con miras a identificar situaciones de mayor vulnerabilidad.
Si bien los resultados definitivos de la Casen 2024, aplicando íntegramente esta metodología, se conocerán en enero de 2026, el debut del nuevo enfoque ya marca un cambio significativo en la manera en que el país observa y aborda la pobreza, especialmente en un escenario donde el arriendo y la inseguridad habitacional se han transformado en factores centrales del bienestar social.
