Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios Cohlers + Partners.
Se anunció recientemente el “Plan para el Crecimiento y la Liquidez de las Empresas de Obras Públicas”, cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de reactivación económica; adelantar recursos para la ejecución de obras y agilizar la gestión de los contratos para dar continuidad a la ejecución de infraestructura.
Lamentablemente, es solo para quienes participan de obras públicas. Se agradece el esfuerzo; pero se nos olvida que desde hace varios años, el sector de la construcción se encuentra debilitado y sus pronósticos no son alentadores. En el primer semestre del año 2023, 72 empresas quebraron y 4 pidieron su reorganización.
En septiembre del 2023, la Cámara Chilena de la Construcción publicó su proyección, sosteniendo que la inversión en la construcción caería un 4,5% para ese año, tendencia que se mantendría para este. Como respuesta, el MOP presentó entonces una batería de medidas normativas para reactivar la economía en el rubro de la construcción y generar mayor competitividad en sus licitaciones, destacando que los contratistas de obras menores podrían postular a proyectos de mayor envergadura y, además, realizar consorcios para complementar experiencia y respaldo económico.
Nuevamente, solo para quienes participan de obras públicas. Al parecer, no fue suficiente, pues solo en enero de 2024, quebraron 44 empresas y 14% de ellas son de la construcción.
Pero seamos positivos. Entre las medidas adoptadas por este nuevo Plan, se anunció la instrucción de entregar un adelanto de 20% del valor de las obras a las empresas que lo soliciten, permitiendo a las empresas levantar su faena u obra con recursos del propio contrato; otorgar al contratista un anticipo para financiar partidas contratadas como “valores proforma” que deben contratar a terceros, esperando tenga un impacto positivo en cerca del 40% de los contratos de la Dirección de Vialidad.
Por otro lado, y en respuesta a la dificultad que presenta el MOP cuando se terminan los contratos anticipadamente, este podrá intervenir en las obras abandonadas, ejecutando las obras provisionales por razones de seguridad o indispensables para evitar trastornos a la comunidad o el deterioro de lo construido.
Asimismo, se amplían las causales de ejecución inmediata de modificaciones de contratos sin esperar la tramitación que lo aprueba y medidas como la posibilidad de formar consorcios para sumar capital o experiencia; la facultad de inscribir en el registro de contratistas a empresas relacionadas pasan a ser una norma permanente; y una serie de medidas administrativas que permitirán simplificar la documentación y los anteceden que se requieren a los contratistas en las licitaciones, y la incorporación de elementos de perspectiva de género.
Estas medidas de reactivación esperemos vayan en la línea de apoyar a las empresas para asegurar el empleo de trabajadores y contratistas, pero por sobre todo, que den continuidad a las obras de infraestructura permitiendo así revitalizar el rubro de la construcción; pero no se olviden de otras medidas que apoyen también a las empresas constructoras que no sean de obras públicas, pues la industria es un todo, más que la suma de sus partes.
