
Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios COHLERS + Partners.
La próxima aparición de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, representará un cambio significativo en la regulación del manejo de dichos datos, planteando varios desafíos para el negocio inmobiliario.
Uno de los principales retos será garantizar la transparencia en el manejo de datos y comunicación. Es decir, cómo se gestionan los datos personales, pues las empresas deberán informar de manera clara y explícita a los usuarios sobre la recopilación, uso y transferencia de su información, especialmente en procesos críticos como la cotización de propiedades y la solicitud de créditos hipotecarios, que requieren datos sensibles como el RUT y los ingresos económicos de los solicitantes.
La ley exige que las empresas obtengan un consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos. Esto significa que las inmobiliarias deberán revisar y posiblemente modificar sus prácticas actuales para asegurarse de que están cumpliendo con este requisito, lo que podría implicar cambios en los formularios de contacto y en los procesos de recopilación de datos.
Con la creación de la Agencia de Protección de Datos, las inmobiliarias estarán bajo un mayor escrutinio respecto a cómo manejan y protejen la información personal incrementándose su responsabilidad en la gestión de datos. Esto incluye la obligación de reportar incidentes de seguridad que involucren datos personales, generando un aumento en la carga administrativa y la necesidad de implementar medidas de seguridad más fuertes y seguras.
Las multas por no cumplir con la nueva ley pueden ser significativas, lo que representa un riesgo financiero considerable para las inmobiliarias que no se adapten a las nuevas regulaciones.
Por lo hasta ahora dicho, las inmobiliarias deberán invertir en tecnología y capacitación para asegurar el cumplimiento de la ley. Esto incluye la implementación de sistemas que faciliten la gestión y resguardo adecuado de datos y la formación del personal en temas de protección de datos y privacidad.
Esta nueva Ley plantea desafíos relevantes para el sector inmobiliario, que van desde la necesidad de ser transparentes en el manejo de información, hasta la implementación de medidas de seguridad tecnológicas adecuadas y la obtención de consentimientos claros para dicho manejo; por lo que las empresas deben prepararse adecuadamente para este cambio.