Luego de la aprobación de la enmienda que exime del pago de contribuciones a la principal vivienda familiar, se desencadenó un debate multifactorial al respecto y entre todos los pormenores, el foco más relevante está puesto en el impacto que tendrá en los ingresos propios permanentes de las municipalidades.
Y es que no es menor que las contribuciones financien el 58% aproximadamente del Fondo Común Municipal (FCM), ya que si bien, la enmienda fue acompañada de un artículo transitorio que supuestamente permitirá atenuar los efectos de la eliminación de este impuesto, a través de una implementación paulatina que debe establecer el ejecutivo, seis años preestablecidos para poner en marcha la ley con el fin de intentar acomodar las arcas fiscales, suena a un tiempo un poco irrisorio e insuficiente.
El proyecto buscaría que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial”. Por esto, los argumentos detrás de la propuesta se fundan en que el problema del Impuesto a las Transacciones (IT) es que grava el patrimonio, es decir, que no actúa sobre flujos de ingresos, sino más bien, tributa un stock de riqueza y genera doble tributación con el pago de IVA.
Empero, el argumento no se ajusta totalmente a la realidad, ya que cuando compramos una vivienda el IVA solo se aplica a un inmueble construido y no al suelo, por lo mismo, se entiende que varios sectores estén contraatacando el proyecto, a pesar de que los más dogmáticos aseguren que la aprobación de la enmienda beneficia a la clase media y contradicen el miedo sobre la posibilidad de desfinanciar a los municipios.
Así, pareciera haber cierta lucidez en ambos bandos, por lo que nuevamente pareciera ser un gallito político que claramente debería encontrar puntos donde converger, en lugar de buscar adjudicarse un triunfo definitivo. Para esto, se deberían esgrimir posibilidades donde, por ejemplo, se pueda beneficiar a sectores más vulnerables como personas mayores y a quiénes más les cuesta logra el sueño de la casa propia, sin perjudicar la productividad ni los presupuestos en las municipalidades de comunas que se sustentan en este modelo de recaudación de impuestos.
En consiguiente, quizás buscar maneras alternativas como el impuesto al suelo, podría ser una medida más sostenible. De hecho, ha sido respaldada por varios economistas de envergadura y de distintos sectores políticos. Precisamente, la posibilidad de gravar solo el valor del piso donde se construye y no el valor de las construcciones, ha configurado los impuestos internacionalmente conocidos como “Land Value Taxes”, que en español podríamos traducir como “impuestos al valor del suelo” y que por sus siglas en inglés se reconoce como LVT.
¿Cuál sería la diferencia de esta solución? Se resume básicamente en que los LVT sugieren diferenciar las tasas impositivas aplicadas al suelo y cualquier edificación construidos en este piso. Esto lograría incluso, liberar en algunos casos el impuestos a estas últimas. Quizás, entonces, aplicar el impuesto al suelo solo a las propiedades que generen renta y diferenciar por ingreso, podría ser un acercamiento a un win win.
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