Por: Alison Ramírez, CEO de Avance Inmobiliario.
En julio la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados dio un paso decisivo al aprobar en general el proyecto de ley que propone eliminar la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de cobro en contratos de arriendo, créditos hipotecarios, salud y educación. Aunque bien intencionada —al buscar aliviar el bolsillo de las personas frente a una UF que crece con la inflación mientras sus sueldos no lo hacen—, la iniciativa puede generar más problemas que soluciones, especialmente para quienes buscan acceder a una vivienda propia.
Desde el mundo inmobiliario observamos con preocupación esta propuesta. No porque la UF sea perfecta, sino porque ha sido clave para el desarrollo del crédito de largo plazo en Chile. Gracias a ella, el país logró crear un sistema financiero robusto, capaz de ofrecer financiamiento accesible, incluso a 25 o 30 años, con tasas históricamente bajas. Eliminar la UF sin una alternativa clara y efectiva para reemplazar su función generará inestabilidad, aumentará el riesgo financiero y, como consecuencia, encarecerá el acceso a la vivienda.
Lo dijo con claridad el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel: eliminar la UF sería un “terremoto” para el crédito hipotecario. Y tiene razón. Si los bancos no pueden cubrirse frente a la inflación, simplemente lo trasladarán al cliente: créditos más caros, mayor pie exigido y condiciones más estrictas. El golpe lo sentirán principalmente las familias de clase media, que ya enfrentan un mercado habitacional desafiante, con precios al alza, escasez de suelo urbano y un déficit superior al medio millón de viviendas.
Más allá del sector inmobiliario, este cambio también afectaría contratos en salud y educación, donde la UF ha permitido mantener el poder adquisitivo de los precios en contextos inflacionarios. Su uso no es un capricho técnico, sino una herramienta que protege el valor real de los contratos a largo plazo.
Ahora bien, ¿significa esto que no hay nada que hacer? En absoluto. Es necesario abordar la legítima inquietud de quienes sienten que sus ingresos no alcanzan frente a una UF que sube mes a mes. Pero la solución no pasa por eliminarla, sino por avanzar en mecanismos de protección al consumidor: más transparencia en los contratos, límites al reajuste, fomento a la educación financiera y, sobre todo, una discusión de fondo sobre el rezago salarial.
La UF no es el problema. Es un síntoma de una economía donde los ingresos no han crecido al ritmo del costo de la vida. Atacar el instrumento sin resolver la raíz es, en el mejor de los casos, inútil; y en el peor, profundamente dañino. En momentos de incertidumbre económica y déficit habitacional, lo último que necesitamos es generar un shock innecesario en el sistema financiero. El llamado es a legislar con responsabilidad, considerando las consecuencias prácticas que esto tendría para miles de familias que sueñan con tener una vivienda propia.
