Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios
El reciente intento de desalojo de la “megatoma” en San Felipe encabezado por Carabineros y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), frustrado por barricadas, disturbios y resistencia activa de sus ocupantes, representa un serio desafío al Estado de Derecho y a la vigencia efectiva de los derechos constitucionales en Chile.
Este conflicto no solo expone una profunda crisis social y habitacional, sino también, un preocupante debilitamiento del principio de legalidad y del respeto a las sentencias judiciales, en particular las dictadas por la Corte Suprema en defensa del derecho de propiedad.
La toma de terrenos en San Felipe, que ha crecido sostenidamente y que ya se considera una de las más grandes del país, ha sido objeto de acciones legales que culminaron con fallos firmes y ejecutoriados que ordenan su desalojo. Empero, la resistencia organizada por parte de sus ocupantes —con uso de barricadas, cortes de ruta y agresiones a fuerzas de orden— ha impedido, en reiteradas ocasiones, el cumplimiento de dichas resoluciones. La autoridad, ante el riesgo de violencia y enfrentamientos, ha optado por suspender los operativos, dejando en suspenso la ejecución de decisiones judiciales válidas.
Este tipo de hechos vulnera gravemente el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución chilena, que asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Este derecho, además de su función económica, tiene una dimensión institucional que protege la certeza jurídica, la seguridad individual y el orden público. El no cumplimiento de una sentencia que ordena restituir un bien —terreno ocupado ilegalmente— atenta directamente contra esta garantía.
Asimismo, se ve afectado el principio de igualdad ante la ley, pues mientras unos ciudadanos deben cumplir las normas, otros, mediante la fuerza y la presión social, logran postergar indefinidamente sus consecuencias legales. Esta desigualdad socava la legitimidad del sistema judicial y la confianza en las instituciones.
La inviolabilidad del hogar y la propiedad privada también se tensiona, no por parte del Estado, sino por la acción de particulares que, mediante ocupaciones forzadas, alteran la convivencia y limitan los derechos de terceros. A esto se suma la vulneración del principio de legalidad, ya que ninguna persona o grupo tiene facultades para resistir el mandato de un tribunal mediante actos de violencia o intimidación.
Las consecuencias de permitir este tipo de hechos sin una respuesta eficaz y proporcionada por parte del Estado son múltiples. En primer lugar, se genera un precedente peligroso: que las decisiones judiciales pueden ser ignoradas si se cuenta con suficiente presión social o capacidad de desorden; en segundo lugar, se debilita la función de la Corte Suprema como último garante del orden legal; y en tercer lugar, se incentiva la toma ilegal de terrenos como mecanismo legítimo de presión para obtener soluciones habitacionales.
El Estado chileno enfrenta aquí un desafío complejo, donde debe equilibrar su deber de garantizar derechos sociales con la obligación de hacer cumplir la ley. Sin embargo, permitir que barricadas impidan la ejecución de fallos judiciales no solo erosiona el sistema democrático, sino que pone en jaque, la vigencia de la propia Constitución.
