Por: Claudia Petit, constructor civil; presidenta Colegio de Constructores; y fundadora MUCC, Mujeres en Construcción.
Esta forma de contrato bastante habitual en Chile y conocida como la “suma alzada”, implica estimar el valor del proyecto a ejecutar, en varios años más adelante.
Así, a un proyecto se le hace estimación de su valor desde la etapa de inversión, luego en la propuesta de las empresas constructoras con departamentos de estudios (que no siempre han construido), se sopesan los costos y con ese valor se cierra el contrato. Después, viene la ejecución y la realidad es otra: un trabajo artesanal que se enfrenta a miles de variables, e impide la mayoría de las veces, cumplir con plazos y precios.
Por tanto, el valor del contrato es considerablemente más alto que el real, para absorber imprevistos o la constructora corre mucho riesgo y puede generar graves pérdidas para ella.
De hecho, se ha visto sistemáticamente que genera dificultades en los siguientes tres ámbitos: En el económico, donde las empresas no pueden predecir lo suficiente el cambio de valor, de mano de obra, de materiales o de eventos más allá de la imaginación humana como lo fue el estallido social, la pandemia, entre otros.
Esto perjudica enormemente a la empresa constructora, por lo que a la fecha hemos presenciado continuas quiebras en estos años, que deja a este sector invalidado ante los mandantes. Entre privados puede negociar o arbitrar permitiendo alguna flexibilidad, pero no así, cuando el mandante es público y es mucho más intransigente ante eventualidades.
Otra dificultad a considerar es la calidad final del proyecto. Existen aún malas prácticas, que pese a que se cobra un monto, el administrador del proyecto se esfuerza en generar ahorros adicionales, rebajando contratos, provisión de suministros o subcontratos, que implica graves problemas de calidad final del proyecto y que incide luego en una postventas excesiva e irracional.
Otro punto son las desavenencias, controversias y conflictos entre inmobiliarias y constructoras, donde los montos importantes en diferencias resueltas judicial y extrajudicialmente no logran consensos, por lo que perjudican imagen y confianza ante el público final y en un sector que necesita de una gestión conjunta y colaborativa, para su sostenibilidad.
Finalmente, una empresa que quiebra genera la bancarrota de muchos subcontratos, que son empresas con mucho menos capacidades económicas para poder reinventarse, afectando su patrimonio personal y sus familias. Una empresa que quiebra, deja afectados también, a las inmobiliarias y a los clientes finales.
Es imprescindible dialogar, analizar y proponer una nueva forma de enfrentar el negocio de la construcción en Chile, muchas voces ya se enfocan en contratos por administración y colaborativos, de los cuales, existen experiencias con contratos estandarizados provenientes de Europa.
En resumen, se requiere sostenibilidad, productividad, calidad, innovación, compromiso, solución de conflictos, confianza, mejora de imagen de inmobiliarias y constructoras dentro del país, y por tanto, en la inversión y colaboración, permitiendo así, que el sector enfrente un mundo diferente.
Una realidad VUCA, con condiciones inestables en forma global, económicas, geopolíticas, climáticas, sociales, que impiden seguir confiando en predecir correctamente el futuro. Tarea urgente a resolver.
