Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios.
El apagón masivo ocurrido recientemente afectó a 14 de las 16 regiones del país, dejando sin electricidad a más de 19 millones de personas. Este evento expuso debilidades técnicas y regulatorias del sistema eléctrico nacional, además de generar incertidumbre sobre posibles amenazas externas.
Durante las primeras horas, la falta de información oficial alimentó especulaciones, incluyendo la posibilidad de un ciberataque. La tardanza del gobierno en proporcionar respuestas claras aumentó la desconfianza y inseguridad pública.
Finalmente, se determinó que la causa del apagón fue la desconexión de la línea de transmisión de 500 kV “Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar”, administrada por una empresa privada. Un fallo en los sistemas de protección y control provocó una reacción en cadena dejando sin suministro a gran parte del país.
Aunque la empresa dijo haber solucionado la falla inicial en 44 minutos, la restauración total del servicio demoró 7 horas debido a problemas de coordinación entre generadoras y transmisoras.
Jurídicamente y en principio, la responsabilidad del suministro recae tanto en las empresas operadoras como en los organismos reguladores del Estado. Sin embargo, se detectaron fallas en la supervisión, ya que auditorías previas habían señalado deficiencias en los sistemas de protección. La falta de fiscalización efectiva pudo haber influido en la ocurrencia del apagón.
Así, y sin quedarnos en la determinación de responsabilidades, lo relevante es que este evento demostró la fragilidad del sistema eléctrico interconectado, que si bien es eficiente, también es vulnerable a fallas sistémicas. Expertos han advertido que la inversión en infraestructura de transmisión y resiliencia del sistema no ha avanzado al ritmo de las necesidades del país.
Para fortalecer el sistema eléctrico y reducir la probabilidad de futuros apagones, se proponen las siguientes acciones: Primero, la inversión en infraestructura de transmisión y subestaciones, asegurando que las redes cuenten con respaldo y redundancia. Luego, el desarrollo de generación y almacenamiento local de energía, priorizando fuentes renovables para garantizar suministro en caso de fallas en la red principal.
La actualización y mantenimiento de sistemas de protección y control, con auditorías periódicas para detectar vulnerabilidades. El fortalecimiento del marco regulatorio, dotando a las autoridades respectivas de mayores facultades y recursos para fiscalizar eficazmente.
Y finalmente, el establecimiento de protocolos claros de comunicación y gestión de crisis, para evitar desinformación y mantener la confianza pública. La implementación de estas medidas sin duda contribuirán a garantizar un suministro eléctrico estable y confiable para la población chilena.
