Ante el aumento indiscriminado de rayados, dibujos o grafitis que generan millonarios costos al Estado, la moción busca aumentar las sanciones.
Por: Renato Herrera Lagos
El senador por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, ingreso un proyecto de ley que tipifica como delito el rayado de bienes públicos y privados, sin autorización de su propietario, aumentando las sanciones que actualmente contemplan nuestras leyes, buscando con ello frenar el aumento de los rayados que están “transformando el paisaje de nuestro país… caracterizada por la fiscalización ineficiente y la ausencia de medidas concretas para evitar su proliferación”, según se desprende del texto y que deberá ser conocido en por la Comisión de Constitución del Senado.
El proyecto cuestiona las sanciones que hoy castigan los rayados o “grafiti”, ya que el Código Penal lo sanciona de manera indirecta a través de la falta o delito de daños, por lo que no esta sancionado de manera especifica esta conducta, sino por reglas de aplicación general, en que los rayados pueden tener cabida y bajo ciertas circunstancias.
Para el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y autor de la iniciativa, “los rayados van en expansión y nadie hace nada, cada vez más se hace más difícil frenar esta conducta, caracterizada por la fiscalización ineficiente de las autoridades y la ausencia de sanciones ejemplificadoras que eviten su proliferación. Por lo que vamos retrocediendo, no se valora, ni se cuidan los bienes públicos que son usados por todos, es un tema de respeto también” apunto Kusanovic.
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Para Eduardo Ricci Burgos, abogado COHLERS + Partners; especialista en Derecho de los Negocios, concuerda con el senador Kusanovic sobre este punto, reflexionando sobre los rayados en la ciudad.
“Concuerdo con lo comentado. Estas conductas se encuentran prohibidas, directa e indirectamente, por el Código Penal, la Ley N° 17.288 sobre monumentos nacionales básicamente mediante la figura del delito de “daños”, y en muchas de las ordenanzas municipales donde se sancionan con multas precisamente el pintado (graffitis), murales o rayados sin permiso del propietario de los bienes donde se realizan. Si bien, solo las primeras imponen sanciones de privación de libertad, lo cierto es que ante la falta de personal suficiente que efectúe una adecuada fiscalización, no es mucho lo que se logra o logrará con una nueva ley, si no se realizan los esfuerzos y cambios suficientes en este sentido, por muy drásticas o ejemplarizadoras que sean sus sanciones”, señala Ricci.
En su lugar, la iniciativa legal propone sanciones de cárcel para quienes, sin autorización previa, realicen marcas, rayados, dibujos o grafitis y con multas aparejadas que van desde los 20 a las 30 UTM (entre el $1.279.000 a 1.900.000 de pesos app).
Para el caso que la propiedad afectada se trate de un jardín infantil, establecimientos educacionales, centros de salud, hospitales, edificios o instalaciones públicas o de uso comunitario, como medios de transporte público de pasajeros, plazas y lugares donde concurran habitualmente niños y niñas, la sanción puede llegar a reclusión menor en grado mínimo y multa de 30 a 50 UTM ( hasta $ 3.198.000.- de pesos).
También aumenta las sanciones a quienes reincidieren en la conducta del rayado con multas que pueden ir de 50 a las 100 UTM inclusive.
“Resulta lamentable como sociedad que todavía se piense en la amenaza del castigo como la única forma de lograr un cambio cultural en nuestro país, sobre todo en los más jóvenes. Por ello, quizás resultaría adecuado, junto con el endurecimiento de las normas y una adecuada fiscalización de las mismas, iniciar un proceso difusión y campañas de re educación cívico-urbana, creando espacios urbanos públicos y privados suficientes donde artistas puedan manifestarse libremente; catastrar y permitir que ciertos espacios públicos ya existentes, puedan contar con el aporte artístico de los graffitis; potenciar proyectos inmobiliarios que contemplen espacios en que se puedan contemplar como aporte inmaterial del proyecto; crear concursos a nivel comunal, regional y nacional para artistas urbanos, publicar y difundir este arte con aportes de la empresa privada, etc. Todo esto es más barato y a la larga, más eficiente, que el alto costo anual de repintado y reparación de estos bienes dañados por efectos de pintura y otras sustancias”, señala Ricci.
El parlamentario detallo que “se pierde de vista el brutal costo que implica limpiar y recuperar los espacios públicos rayados, recursos públicos que salen de nuestros bolsillos y que al poco andar vuelven a ser rayados, así vamos y todos los años se destinan a este pozo sin fondo millonarios recursos en vez destinarlo a mejorar las pensiones, la salud, la educación, entre otras prioridades. Por lo que ingrese este proyecto para establecer una sanción ejemplificadora al rayado, esperando disuadir estas conductas y generar un mayor compromiso del Estado con los espacios públicos.”
“Nuevamente concuerdo con lo señalado. Sin embargo, reitero que no bastan sanciones altas o ejemplarizadoras si no contamos los medios suficientes para fiscalizar el debido cumplimiento de las normas. Mientras no entendamos el real origen y efecto de esta situación, seguirá el Gobierno y los Municipios empleando millones de pesos provenientes de nuestros propios impuestos en tratar de reparar, pintar y devolver la dignidad a fachadas y paredes de inmobiliario público y privado de carácter patrimonial y monumentos”, sentencia el abogado Ricci.
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