Una ley que se encuentra vigente desde el año 2020 ha generado controversia y, es por eso, que se ha presentado un proyecto en el Congreso para modificar dos artículos.
La Ley de Alquileres (Ley 27.551), que se encuentra vigente desde el 2020 en el período del Gobierno del ex Presidente Macri, donde se regula los derechos y obligaciones de las personas que van a alquilar y del dueño de la propiedad. En ese sentido, actualmente la ley establece que se prohíben los pagos por adelantado, salvo de un mes de alquiler y también el depósito en garantía.
Además, establece un contrato mínimo de tres años a diferencia de antes que eran dos; señala que no se pueden realizar aumentos trimestrales y semestrales y que: “Los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”.
Ante este escenario es que se ha presentado un proyecto en el Congreso argentino para modificar dos puntos de la cuestionada ley: disminuir el plazo de duración de los contratos, ya que actualmente rige una duración de un mínimo de tres años; asimismo los aumentos de los precios del alquiler se ajustarán, para fijar un valor único y por período mensual, sobre el cual, sólo se podrá realizar ajustes con un mínimo cuatrimestral.
Estas dos propuestas de cambio a la Ley de Alquileres fueron firmadas por La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliario de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrolladores Inmobiliarios (FEDI).
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Desde las entidades firmantes esperan que este proyecto de ley traiga un alivio para el sector, generando un incremento paulatinamente en la oferta y que los precios de los alquileres vayan a la baja.
Finalmente, se sostiene que el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, también en relación a los ajustes, estos deben seguir actualizándose bajo un índice conformado en partes iguales por el Índice del Precio al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
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