Tras constatar 90 obras abandonadas y 430 contratos se han acogido al reajuste anunciado el año pasado, la idea es que la banca se sume a la reactivación.
Por: Renato Herrera Lagos
Los esfuerzos de la cartera de Obras Públicas en el primer año del Gobierno del Presidente Boric, han estado ligados a reactivar el sector constructor. En 2023 el foco estará puesto en nuevos cambios en la norma, optimización de contratos y crear una mayor productividad para lograr avanzar en materia de infraestructura.
Otro importante desafío por parte de la cartera de Gobierno radica en la ejecución en buena parte del presupuesto total cercano a los $4,7 billones. Desde la Dirección General de Obras públicas (DGOP), consideran que las necesidades vitales pasan por destrabar decenas de proyectos paralizados por los coletazos de la pandemia.
Ya lo dijo hace unos meses al Diario Financiero la directora de la DGOP, Valeria Bruhn: “Todavía hay dificultades con la banca y hacemos un llamado a que se sumen a este proceso de reactivación. Tenemos que invertir este año, las empresas todavía están en proceso de recuperación, la crisis no ha terminado”.
Así, cerrando enero existían más de 90 obras abandonadas de un total de 2.554 y 430 con contratos vigentes que se acogieron al reajuste excepcional retroactivo implementado el año pasado, lo que ha generado pagos por más de $83 mil millones. Asimismo, otras 304 licitaciones han contemplado el reajuste polinómico para hacer frente al alza en el precio de los materiales.
La entrevista en DF fue la primera en medios para la titular de la DGOP y a la fecha aún no ha pasado la crisis en el sector, por eso hace unos días la dirección estrenó una nueva división enfocada en mejorar los procesos de contratación actuales, y si bien en este contexto destaca el trabajo colaborativo entre el ministerio y los privados, Bruhn señala que la falta de apoyo de otros actores como la banca, es un factor clave que todavía sigue pendiente para concretar este objetivo.
“Incorporamos el reajuste polinómico y después nos abocamos a los contratos vigentes. Todas esas medidas fueron trabajadas con los gremios, con la Cámara Chilena de la Construcción, pero también a través de un diálogo con empresas pequeñas (…) Tuvimos varios talleres y capacitaciones. Hicimos un súper buen trabajo. Tengo una muy buena evaluación de cómo funciona la alianza público-privado en este escenario tan complejo”, aseguró la directora general.
Valeria Bruhn declaró que la nueva División de Mejoramiento en Gestión Contractual es el primer equipo profesional de la DGOP, que liderado por Patricio Estay, tendrá una dedicación exclusiva a generar un plan de trabajo de mejoramiento de la gestión de contratos. “Queremos mejorar espacios donde puedan competir empresas de menor tamaño, agilizar los procesos de modificación de contratos, porque (el modelo) es rígido, lento y afecta la continuidad de las obras, y modificar nuestro marco normativo, entre eso el Reglamento de Contratos de Obras Públicas”.
Pese a que expertos han apuntado a la discrecionalidad de la Contraloría General de la República como uno de los aspectos que es necesario modificar, Bruhn no comparte esa apreciación y menciona que la “contraloría verifica que los actos estén debidamente fundados y revisa la calidad de los actos administrativos. Aquí es responsabilidad de distintos actores que esos actos estén realmente completos”.
Las inmobiliarias se alinean
Max Schnitzer, presidente de Grupo Alpha inmobiliaria, establece que “es una excelente señal del MOP en mejorar y optimizar en función de una mayor gestión y productividad. Hay que dejar claro que el MOP demostró poca gestión en la pandemia con las constructoras en general, que por el alza de materiales más las restricciones del COVID, sus costos subieron en forma muy importante. El MOP sólo actuó según contrato y sin gestión comercial, lo que hizo que muchas constructoras quebraran y muchas obras quedaran abandonadas”.
En tanto para Alexis Alcaide Ríos, subgerente proyectos inmobiliarios en Trei Inmobiliaria, consultado sobre el mismo tema, advierte que “claramente son declaraciones que intentan entregar un mensaje de tranquilidad hacia los distintos actores y se da a entender que se hará inversión pública, para reactivar la industria que ha sido tan golpeada durante y posterior a la pandemia por distintos motivos. Esto sumado a un clima político que se ve más estable que al año recién pasado”.
Respecto a los desafíos en la ejecución de gran parte del presupuesto total ($4,7 billones) con una mayor inversión en infraestructura, Schnitzer, señala: “Me parece muy importante, para poder reactivar la economía y evitar una caída del año 2023 y 2024, lo importante es que las inversiones se realicen de forma correcta, oportuna y eficiente”.
En tanto, desde Trei Inmobiliaria comentan que “cuando hay crisis económicas y falta de inversión del sector privado, es el Estado quien debe reactivar la economía a través de proyectos de infraestructura pública y de esta manera generar más empleos y trabajo en el sector de la construcción que es una de las industrias que más influye en el termómetro económico del país”.
Por su parte, desde la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), consideran que entre las urgencias también está destrabar la construcción de decenas de proyectos que resultaron paralizados debido a los coletazos que dejó la pandemia. Sobre ellos, ambos entrevistados comentan sobre cuánto ha perjudicado al sector la posición restrictiva de la banca en el proceso de reactivación.
En tanto, Alcaide es categórico en señalar que “la Banca es un actor primordial en la reactivación económica, pero para que la banca se haga parte de esta reactivación, es el Gobierno quien debe entregar garantías claras y certeza jurídica en distintas áreas, las que hasta septiembre del año pasado no existía esa claridad ni certeza. Hoy como se ve el panorama un poco más conservador en materia constitucional, es muy probable que a medida que se vayan dando resultados positivos para la inversión de políticas públicas, la banca comenzará nuevamente a involucrarse en este proceso de reactivación económica, como lo dije antes, ellos son un actor fundamental en ella”.
Una mirada a largo plazo
El presidente de Grupo Alpha inmobiliaria, asegura que “aún estamos en zona de peligro por los próximos 6 meses, creo que se requiere al menos un año más para que la banca empiece a generar más negocios con las constructoras. Estas restricciones de la banca también tienen relación con la falta de certeza jurídica especialmente con los permisos de edificación, que son anulados o paralizados, el reflejo más visible del último tiempo es el mega proyecto Egaña”.
De esta forma, aunque las partes están avanzando en cuánto a la comunicación, hay mejoras urgentes en temas de plazos que deben ser subsanadas con el fin de amortiguar el daño a la industria y a la economía del país. Un factor clave en este proceso es conocer el cronograma de las licitaciones para este año. Desde DGOP señalan que para 2023 se debe trabajar en la ejecución de inversión y se habla de 545 licitaciones que involucran cerca de $425 mil millones.
“El diálogo debe ser constante. Las cifras si son o no alentadoras dependerá que todos los actores mencionados, el Estado, la banca, sector privado y clase política, den certezas de caminar hacia la reactivación económica, ya que no toda la reactivación económica pasa por obras públicas”, advierte Alcaide.
Por su parte, Schnitzer sentencia enfático que “los números no dicen mucho, lo importante es ver en terreno si esas inversiones tienen sentido, son necesarias y eficientes. La mirada del MOP está bien, pero además de saber dónde desarrollar las obras públicas se requiere de mucha gestión, creo que el MOP está al debe en ese punto”.
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