El gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, Carlos Marambio, será recibido por parlamentarios para que se refiera a la supuesta deuda de más de mil millones de dólares que mantiene el Estado con el sector.
Por Leonardo Núñez
El escándalo por las supuestas deudas que el Ministerio de la Vivienda mantiene con las empresas que han construido viviendas sociales, sigue escalando y llegó hasta el Congreso.
Los diputados decidieron activar sus herramientas fiscalizadoras. Y, por ahora, no descartan levantar una comisión investigadora, que podría aumentar la presión para que el ministro Carlos Montes deje el cargo o, incluso, iniciar el proceso de una Acusación Constitucional en su contra.
Si bien el Ejecutivo desmintió las acusaciones explicando que se trata de los procesos propios de los pagos de facturas y enfatizaron que el Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha, por ahora, para los congresistas, sobre todo de oposición, las explicaciones no son suficientes.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), en conversación con nuestro medio, señaló que este “miércoles tenemos invitado a la Comisión a Carlos Marambio Morel, gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales”.“Con la información (que nos entregue) vamos a ver los pasos a seguir. En el fondo, queremos respaldar el tema. Y como los antecedentes se conocen desde hace mucho tiempo, vamos a oficiar y si no hay respuesta, obviamente que vamos a seguir adelante con distintas acciones”, agregó el parlamentario.
Así, desde las 15:00 horas, los parlamentarios recibirán a Marambio Morel para que se refiera a las demoras en el pago del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana a las inmobiliarias que construyen este tipo de casas y departamentos.
En tanto, la cartera dirigida por Montes sostuvo que “como ministerio reiteramos la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales y subrayamos que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha”.
“Asimismo, hacemos un llamado a no distorsionar la realidad creando incertidumbre en empresas, dirigencias y familias”, se añadió en un comunicado.
Junto con lo anterior, el ministerio reconoce que “el sector construcción ha enfrentado un complejo escenario financiero y de ejecución de obras derivados de la pandemia, donde el Minvu sostuvo a la industria. En este contexto, la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”.
En ese sentido, desde la cartera sostienen que “es importante destacar que el presupuesto sectorial anual aprobado en la Ley de Presupuestos considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos. En otras palabras, nosotros asumimos el pago de los proyectos de gobiernos anteriores, y vamos a dejar proyectos en ejecución para el próximo gobierno, porque así es la política habitacional, una política continua y de Estado, que se ejecuta en sucesivos gobiernos”.
La veracidad de estas declaraciones se conocerán el próximo miércoles, con los nuevos antecedentes que se espera entregue en el Congreso el representante de los desarrolladores de viviendas sociales.
